Según un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), sobre las compras de emergencia por Covid-19 realizadas entre el 1 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2021 por parte del gobierno federal, el IMCO detectó que la Secretaría de Salud (Ssa) tenía registrado en Compranet 170 procesos de adquisición con referencia a la atención del Covid por 3 mil 423 millones de pesos. De ellos, en 112 el enlace al perfil de compra no funciona, por lo que no hay documentación que respalde ninguna de estas adquisiciones.
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El IMCO también identificó que hay publicación tardía de los contratos para atender la emergencia, pues casi 1 de cada 2 compras (45%) para atender el coronavirus fueron publicadas de manera tardía: entre uno y 327 días después de la fecha de inicio del contrato.
Además, agregó que la información sobre las vacunas en México se encuentra clasificada como confidencial, y hay posibles casos de sobreprecio, como la Sedena que pagó 2.3 veces más por el mismo medicamento en contratos con un mes de diferencia.
El documento menciona que el IMCO realizó una serie de solicitudes de información a la SRE (secretaría de Relaciones Exteriores) y a la Ssa para conocer la información de este y todos los contratos celebrados por el Gobierno federal para la adquisición de vacunas, así como el número de dosis de vacunas, el precio unitario y las fechas de entrega programadas para estas, a lo que respondieron que los acuerdos suscritos contienen cláusulas de confidencialidad.
“Las compras de emergencia en México muestran importantes deficiencias e irregularidades. En la medida que estas no sean identificadas y atendidas, las compras públicas y su propósito estarán comprometidos. Por ello, el IMCO reafirma la importancia de crear un protocolo de ejecución, seguimiento y control de compras de emergencia”, señala el organismo.
Por lo anterior la IMCO propuso planeación de compras y capacidad de respuesta ante tiempos de emergencia; generación de un identificador de compras de emergencia; publicación oportuna y completa de los contratos; contratos que permitan al gobierno coordinar las compras entre dependencias, establecer precios de referencia y elegir proveedores con capacidad de cumplimiento.
Así como el registro de proveedores de gobierno útil y confiable, y capacitación, coordinación y experiencia entre las dependencias para realizar las compras públicas.
