Culiacán, Sinaloa. Luego de que el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad reformas al Código Penal para endurecer las penas por el delito de “halconeo”, el secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, expresó su respaldo a la iniciativa legislativa y subrayó que toda acción jurídica que contribuya al fortalecimiento del estado frente a la inseguridad es bienvenida.
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Durante la conferencia de vocería celebrada este miércoles, el funcionario del Gobierno de Sinaloa destacó que este tipo de ajustes normativos son necesarios y siempre serán bienvenidos.
“Toda reforma, toda ley da cause para las diversas acciones, si de combate a la violencia y a la inseguridad se trata, en este caso saludamos el trabajo del Congreso y esperemos que nos comunique la reforma para atender lo que nos corresponde. Sin duda que todo proceso legislativo que fortalezca las capacidades para mejorar las acciones será bienvenido”.
Las reformas aprobadas por el Congreso contemplan como delito agravado el uso de menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad para realizar labores de vigilancia ilegal —conocidas como halconeo—, así como el uso de tecnología para espiar o seguir a servidores públicos con fines ilícitos.
Las penas, que originalmente oscilaban entre los 4 años y medio y los 15 años de prisión, podrán aumentar hasta en un 50 por ciento en caso de agravantes.
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La iniciativa fue promovida por los legisladores de Morena, María Teresa Guerra Ochoa, Arely Berenice Ruiz López y Eligio López Portillo, y fue dictaminada por la Comisión de Justicia.
En el dictamen se reconoce que el marco legal vigente había quedado rebasado ante el uso cada vez más común de herramientas tecnológicas y la instalación clandestina de cámaras para monitorear operativos policiales.
El secretario General de Gobierno coincidió en que estas reformas representan una respuesta institucional adecuada a los desafíos que impone la delincuencia organizada.
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Finalmente, Castro Meléndrez reiteró que el Gobierno del Estado mantendrá su colaboración con el Congreso y las instancias de seguridad para garantizar que las leyes aprobadas se conviertan en acciones concretas de protección ciudadana.
