Los Mochis, Sinaloa.- A más de un mes de tener cerradas las fronteras de México a la importación de camarón de Centroamérica, no reacciona el precio y las afectaciones son serias para el sector acuícola y pesquero, por eso han iniciado una investigación de campo, declaró el juez séptimo de Distrito, José Francisco Pérez.
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El funcionario del Poder Judicial dijo que no se explica cómo se tiene pedimento de importación a 100 pesos el kilogramo de la especie, los pescadores se vean obligados a venderlo a 90 pesos y pese a ese valor tan bajo no lo puedan colocar, por lo que tienen que averiguar si hay irregularidades en la entrada legal del camarón o hasta qué punto pudiera seguir el contrabando.
Juez séptimo de Distrito, José Francisco Pérez./ Foto: Emmanuel Casas
“No podemos jugar contra el mercado, si no hay precio, no hay venta, es porque hay sobreoferta de un producto y de dónde de salió esa sobreoferta, pues ya sabemos de dónde, por eso se hacen las investigaciones pertinentes. Yo espero que esto cambie para que las comunidades puedan tener un ingreso razonable a su trabajo, un buen ingreso, que prosperen”, expuso.
Asimismo, consideró que los senadores deben revisar la posibilidad de modificar algunos apartados del tratado comercial con Centroamérica porque no se debe de permitir que un grupo de importadores se hagan ricos a costa de la gente.
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Mencionó que en su segundo encuentro con pescadores donde se tiene población indígena y que en este caso la reunión de este jueves fue en la comunidad El Colorado, perteneciente al municipio de Ahome, es con la finalidad de conocer si han mejorado las cosas después de las medidas cautelares que se emitieron para el cierre de fronteras y verificación de origen de la especie.
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- Pescadores yoremes./ Foto: Emmanuel Casas
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- Foto: Emmanuel Casas
Además, criticó que no se haya consultado a los pescadores indígenas para saber si estaban de acuerdo en la firma del tratado comercial para permitir el ingreso de un producto que les representa competencia.
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Finalmente, recordó que son tres amparos los que se concedieron. Uno fue promovido por los acuacultores, otro por los pescadores ribereños y un tercero por las empacadoras que son madres de familia y los están dejando sin trabajo por la importación desmedida del camarón.
