No todos los países cuentan con leyes que aseguren los derechos y la protección de las mujeres, y aunque en México y algunos países en desarrollo aún hay cosas que ajustar en cuanto el tema de género, se notan grandes avances en comparación a otros países que degradan a la mujer hasta el punto de no poder decidir ni siquiera sobre su libertad de atención a la salud.
Según un reciente informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), titulado “Mi cuerpo me pertenece”, casi la mitad de las mujeres de 57 países en desarrollo no tienen autonomía sobre sus cuerpos, y se les niega el derecho a decidir si desean tener relaciones sexuales, usar anticonceptivos o buscar atención de salud.
Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del UNFPA, dice que esta es una situación que debería indignarnos a todos.
“En esencia, cientos de millones de mujeres y niñas no son dueñas de sus propios cuerpos. Sus vidas son gobernadas por otros”, aseguró.
El informe de la ONU cita como una de sus fuentes los reportes de la ONG internacional “Equality Now” que destaca numerosos ejemplos de países en Medio Oriente y el norte de África en los que un violador puede evadir la justicia mediante el matrimonio: Irak, Baréin, Libia, Kuwait, territorios palestinos, Túnez, Jordania y Líbano.
Otros ejemplos citados en el informe son: Angola, Argelia, Camerún, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Siria y Tayikistán. Y aseguran que las víctimas casadas con sus violadores se ven atrapadas en uniones que las exponen a otras agresiones de por vida.
“En muchas ocasiones, estas leyes existen porque lo que se está tratando de ‘proteger’ es el honor familiar; el ‘deshonor’ por la pérdida de la virginidad es visto como un mal mayor que la integridad de sus hijas”, dicta el informe.
En América Latina, la mayoría de los países han derogado los artículos en sus códigos penales que protegen al victimario sobre la víctima, permitiendo a un violador evadir la justicia casándose con su víctima. Sin embargo, estos cambios son relativamente recientes en algunos casos; en Uruguay se derogó apenas en 2006, en Costa Rica en 2007 y en Bolivia en 2013.
En República Dominicana se ha luchado por cambiar la ley, sin embargo aún tiene un artículo en su código penal que permite que el perpetrador de una violación escape a su condena casándose. Venezuela es otro caso en el que el matrimonio es la salvación para el victimario.
“El culpable de alguno de los delitos previstos en los artículos 374, 375, 376, 378, 387, 388 y 389 quedará exento de pena si antes de la condenación contrae matrimonio con la persona ofendida, y el juicio cesará de todo punto en todo lo que se relacione con la penalidad correspondiente a estos hechos punibles. Si el matrimonio se efectúa después de la condenación, cesarán entonces la ejecución de las penas y sus consecuencias penales”, señala su Código Penal en el artículo 393.
En su artículo, la UNFA destaca que la negación de la autonomía corporal a través de leyes que exoneran al violador y de otras prácticas, son nada menos que una aniquilación del espíritu y debe terminar.
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