Culiacán, Sinaloa.– Por considerar que ya es obsoleta y está desfasada, autores de 12 de las 36 iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), entre trabajadores, universitarios activos, estudiantes y jubilados, principalmente de la zonas centro y sur del estado anunciaron una serie de acciones rumbo a la consulta necesaria para la reforma antes mencionada.
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Arturo Nevares, profesor de la Faculta de Psicología y uno de los iniciadores, mencionó que debido a que el Congreso del Estado no puede legislar sin consultar a la comunidad universitaria, ellos coadyuvarán para que el Poder Legislativo lleve a cabo el ejercicio democrático.
“Por eso nosotros vamos a coadyuvar para que el Congreso lleve a cabo una consulta a los universitarios, a la comunidad universitaria, no solo al Consejo Universitario”, dijo.
Asimismo, en conferencia de prensa, Nevares hizo un llamado a la autoridad universitaria a actuar con responsabilidad y participar en el proceso legislativo para reforma de la ley que rige a la máxima casa de estudios.
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A pregunta expresa, adelantó que el próximo miércoles 17 de julio sostendrán una reunión con diputados integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, con el fin de argumentar sus propuestas.
Agregó que posteriormente buscarán una audiencia con la autoridad universitaria con el propósito de solicitarle de manera respetuosa que no se niegue a participar en la reforma a la Ley Orgánica, que se abra a la consulta, inclusive que participe en ella.
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Dentro de las propuestas de las iniciativas a la reforma de la Ley Orgánica destacan:
- Permitir que las autoridades competentes revisen el uso de los recursos de la universidad, ya sea la Auditoría Superior del Estado (ASE).
- Paridad en la distribución de cargos, ya que se destacó que la administración está conformada por el 70 por ciento por hombres y solamente el 30 por ciento de mujeres, violentándose la Ley de Paridad de Género.
- La creación de un tribunal universitario autónomo que se conforme no con los integrantes que nombren las autoridades universitarias, sino que realmente sea una instancia de defensa de los derechos universitarios y de la universidad.
- La no reelección de los y las rectores.
- Gratuidad de la educación.
