Guasave, Sinaloa. – La economía de Sinaloa se encuentra al borde de una emergencia estructural debido a la persistente sequía que ha mermado la producción agropecuaria en el estado. Esta situación, lejos de ser un fenómeno coyuntural, amenaza con extender su impacto en el mediano y largo plazo, afectando no solo a quienes dependen directamente del campo, sino a toda la estructura económica estatal, dijo Cristina Ibarra, presidenta de la Federación Nacional de Economistas.
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Dijo que durante el ciclo agrícola 2022-2023 ya se advertía una fuerte caída en el valor de la producción, aunque el empleo formal todavía mostraba señales de resistencia.
Para el ciclo 2023-2024 los efectos se han profundizado: el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (Itaee) reportó una caída del -31.2 por ciento en el sector primario, lo que representa una contracción sin precedentes en la historia reciente del estado.
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“Hay muchísimas pérdidas y los módulos de riego que administran el 93 por ciento del agua en Sinaloa la desperdician, pero no solo eso, sino que no invierten como debieran, son elementos que duelen, pero que ahí están y que tienen muchos años y no se ha hecho nada al respecto, estamos realmente a la expectativa, esa que va a haber poca posibilidad de siembra, dependeremos de lo que pase de aquí hasta octubre”, advirtió.
Este desplome resulta aún más alarmante si se considera que de acuerdo con el Censo Agropecuario 2022, Sinaloa contaba con más de 72 mil unidades de producción agropecuaria, de las cuales se logró sembrar el 92 por ciento por falta de crédito, apoyos, condiciones climáticas y enfermedades. El 8 por ciento restante permaneció improductivo, evidenciando un sistema agrícola altamente vulnerable.
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El impacto social de esta crisis también es considerable. Aproximadamente 590 mil personas trabajan directamente en el sector agropecuario en Sinaloa, de las cuales el 71.4 por ciento son jornaleros agrícolas, mientras que el 8.7 por ciento son productores y el 19.9 por ciento familiares o dependientes. A ellos se suman los empleos indirectos y la demanda intermedia que el sector genera a otras industrias, lo cual representa cerca de 28 mil millones de pesos, equivalentes al 7 por ciento del PIB estatal.
A pesar de los múltiples diagnósticos que han identificado la urgente necesidad de inversión en infraestructura hidráulica, los avances siguen siendo mínimos. El Estado depende de los módulos de riego para administrar entre el 93 y el 94 por ciento del agua utilizada en la agricultura, sin embargo, los expertos denuncian graves deficiencias en su operación. La pérdida de agua por deficiente conducción y administración sigue siendo crítica, mientras que la inversión en modernización y eficiencia brilla por su ausencia.
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Señaló que si bien existen métodos como el bombardeo de nubes con cierto nivel de efectividad (hasta un 20 por ciento, según estudios internacionales), no constituyen una solución estructural ni suficiente ante la magnitud del problema.
Actualmente, solo el 18 por ciento de los municipios de Sinaloa no reportan afectaciones severas por la sequía. El 14.2 por ciento ya experimenta consecuencias directas, y el resto muestra signos de deterioro progresivo. Las proyecciones para el resto del año no son alentadoras: la posibilidad de siembra depende de lo que ocurra de aquí hasta octubre, y deja al campo en una peligrosa incertidumbre.
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En este contexto, los economistas advierten que de no atenderse con urgencia la inversión en infraestructura gris (particularmente sistemas de riego modernos, eficientes y fiscalizados) la recuperación del sector podría tomar varios años, afectando en cadena al resto de la economía estatal.
Sinaloa, tradicionalmente uno de los motores agroalimentarios de México, enfrenta una de sus pruebas más difíciles, dijo. La ausencia de lluvias es solo una parte del problema, el verdadero desafío está en transformar su infraestructura y modelo de gestión hídrica para garantizar la sostenibilidad del campo y de los miles de empleos que dependen de él.
