Los Mochis, Sin.- En lo que va del año la Comisión Estatal de Derechos Humanos -CEDH- ha iniciado la integración de quejas en contra de instituciones educativas, no por condicionamiento de documentos o cuotas escolares, sino por casos de bullying, entre alumnos que ni maestros, directores o supervisores han atendido debidamente.
María Araceli Sepúlveda Sauceda, visitadora regional de la zona norte, dijo a Línea Directa que la mayoría de los casos fueron denunciados por padres de familia de escuelas primarias o secundarias, al considerar que los planteles educativos no adoptaron las medidas adecuadas para impedir que sus hijos e hijas siguieran siendo víctimas de violencia escolar.
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Entre las instituciones educativas en las cuales CEDH tuvo que intervenir se encuentran la escuela primaria de San Miguel Zapotitlán, Francisca Peinado López de Nuevo Horizonte, la secundaria Martín González Escalera en el ejido Compuertas, Federal 2, entre otras.
“La falta de atención a cuestiones que se señalan como malos tratos o bullying entre alumnos al interior de las instituciones que el docente o en su caso el directivo no ha atendido oportunamente y por eso se han quejado de ese actuar”, dijo la visitadora regional en la zona norte.
En todas las instituciones educativas atendidas se emitieron medidas cautelares para que los docentes y directores adoptaran de manera inmediata para garantizar la seguridad física y emocional de los menores presuntas víctimas de violencia escolar.
Cabe señalar que, de acuerdo a las estadísticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 7 de cada 10 niños son víctimas de bullying en México y las principales expresiones de violencia se dan de manera verbal, física, psicológica, cibernética, sexual, patrimonial, económica y social.
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Además, no solamente los estudiantes son los agresores, también se tienen documentados casos de padres de familias, docentes, directores y hasta personal administrativo.
Por esta razón, Araceli Sepúlveda reitera que los casos de violencia escolar no deben minimizarse porque es una acción que agrede los derechos de las niñas, niños y adolescentes y tiene un fuerte impacto en su desarrollo emocional, que puede generar bajo desempeño académico, incluso, deserción escolar y en casos graves, suicidio.
