Culiacán, Sin.- La Fiscalía General del Estado (FGE) aseveró que los procesos penales que se siguen por presuntas compras irregulares al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa van dirigidos a sus directivos pero de ninguna manera es contra la institución en sí, ya que esta en realidad cumple el papel de víctima.
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A través de un comunicado, la titular de la FGE, Sara Bruna Quiñónez Estrada, precisó que, a diferencia de lo que declaran algunos de los indiciados y sus abogados, los delitos se les están señalando a los integrantes del Comité de Adquisiciones, al exrector Juan Eulogio Guerra Liera y al rector Jesús Madueña Molina.
Reiteró que en todo caso es la universidad la parte ofendida y por ello son cuestionables los llamados al pueblo para que acudan a defender a la Casa Rosalina.
Por otro lado, la Fiscalía aclaró que se informó de manera oportuna a los funcionarios de la UAS indiciados en los delitos de Desempeño Irregular de la Función Pública y Ejercicio Indebido de la Función Pública, de la disponibilidad de las carpetas para que las recogieran, pero solamente el exrector Juan Eulogio Guerra Liera acudió por ellas.
La fiscal Quiñónez Estrada dijo que por dicho motivo no es atribuible a la institución que ella dirige el que la audiencia inicial de la causa penal 836/2023 se haya diferido, ya que son los propios indiciados del actual y del anterior Comité de Adquisiciones, así como el actual rector, los que no recogieron documentos a pesar de haber sido notificados en tiempo y forma.
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Además, a la audiencia inicial que se celebraría este 21 de julio de 2023, los indiciados Norma Alicia Aguilar Navarro e Ismael García Camacho no se presentaron y tampoco recogieron las carpetas que están a su disposición.
“Lo anterior evidencia que no quisieron recogerlas para alegar en la audiencia que esta difiriera porque no se habían impuesto las mismas; recurso que es común entre los abogados cuando pretenden retardar un proceso. Afortunadamente el juez no les concedió los tres meses que pedían, fijando finalmente el día 31 de agosto a las 9 horas para que tenga verificativo dicha audiencia inicial para imputación”, expuso.
El juez de la causa determinó diferir la audiencia 40 días, el cual es un término medio, ya que la Fiscalía pedía se otorgara un mes para imponerse, mientras que los indiciados solicitaban el plazo extremo de tres meses.
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