Culiacán, Sinaloa. Ante LA Oficialía de Partes del Congreso del Estado, Iniciativa Sinaloa, presentó una iniciativa para impedir que todo aquel político que cuente con antecedentes de agresiones hacia periodistas y defensores de derechos humanos en la entidad, no asuman a cargos públicos.
El documento propone la adición de la fracción VII del artículo 38 y fracción XI del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se añada un párrafo al artículo 11, así como las fracciones VIll y IX del artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
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Sibely Cañedo, coordinadora de proyectos en Iniciativa Sinaloa, explicó que esta propuesta se presentó debido al alto porcentaje de agresiones hacia los grupos antes mencionados, las cuales son cometidas por funcionarios, sobre todo a través de campañas de desprestigio, hostigamiento o una tendencia muy arraigada a los discursos estigmatizantes contra la prensa y organizaciones de derechos humanos.
Agregó que la idea es que primero se presente la iniciativa en el Congreso del Estado para que el Congreso local pueda presentarla a su vez al federal porque tiene esas atribuciones.
“En esta ocasión lo que buscamos es que los agresores de personas defensoras de derechos humanos y periodistas lleguen a ocupar cargos públicos, esto porque desde hace varios años la normativa mexicana ha estado instaurando también criterios para que al servicio público lleguen funcionarios con probada calidad ética y que tengan respeto a los derechos humanos”, dijo.
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El párrafo tras las reformas quedaría como sigue:
“Bajo ninguna circunstancia podrá ser electo para un cargo público cualquier persona que, durante sus funciones públicas, haya ejecutado una agresión dolosa a periodista o defensores de derechos humanos por razón de su actividad (..). Se perderá el derecho a ser votado cuando el ciudadano, durante el ejercicio de funciones públicas, haya ejecutado una agresión dolosa a periodista o a personas defensoras de derechos humanos por razón de su actividad”.
Esta iniciativa de ley, que fue socializada previamente con organizaciones y activistas del estado, destaca que al ser Sinaloa un bastión histórico de poderosos cárteles, los periodistas enfrentan un riesgo constante en el ejercicio de su profesión, además que se ha documentado la violencia y vínculos con autoridades locales que actúan en complicidad con grupos criminales, lo que dificulta la investigación de crímenes contra periodistas.
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Esta organización considera que el citado contexto exige un fortalecimiento del marco jurídico estatal y una coordinación eficaz con el nivel federal y nacional para proteger a las y los periodistas y garantizar justicia para las víctimas de violencia. Reformas como la ampliación de la “Ley 3 de 3” a nivel nacional son un paso fundamental para cerrar las brechas de impunidad y establecer un entorno más seguro para la labor periodística.
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Esta reforma generará un marco preventivo que desincentive las agresiones hacia periodistas, al tiempo que fortalece la credibilidad y legitimidad de las instituciones públicas en el estado y envía un mensaje de que el Estado no tolerará la impunidad ni la falta de ética en quienes aspiren a ejercer funciones públicas.
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