Culiacán, Sinaloa. Los 20 millones de pesos que deben de pagar los directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) para que se suspendan los procesos penales en su contra, no es una condena que deba de distribuirse socialmente, sino que hay que asumir la responsabilidad propia, de manera individual, ya que fue un tema personal, hubo ciertos funcionarios que fueron señalados y si optaron por esa decisión de llegar a un acuerdo lo deben de asumir tal cual, consideró la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, María Teresa Guerra Ochoa.
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Subrayó también que no deberían utilizar la cuenta bancaria de la Universidad para que realicen los depósitos, porque no fue una responsabilidad institucional, sino individualizada, y por lo tanto no debería hacerse un uso tan discrecional de cuentas oficiales.
Asimismo, la legisladora refirió que lo anterior podría incurrir en una responsabilidad administrativa porque todo lo que entra a una cuenta institucional después no lo pueden egresar, incluso se tiene que justificar, por lo que deberían tener el cuidado para no incurrir de nuevo en una irregularidad que luego amerite otro tipo de sanción en el futuro.
“Se supone que es una condena para ellos (los directivos), no es una condena que deba distribuirse socialmente, sino que hay que asumir la responsabilidad y creo que el distribuir la aportación habla de alguna manera de que no se está asumiendo como una responsabilidad propia, sino que se está derivando en una colectividad que no es parte, que no fue parte de ese proceso y que yo creo que las autoridades tendrían que opinar al respecto. Creo incluso que eso es de alguna manera seguir evadiendo una responsabilidad. Si de por sí ha habido mucha controversia en cuanto a los montos, porque hay quienes, voces universitarias y he escuchado, que han considerado que ha sido bajo el monto que se estableció, creo que aparte compartir esa responsabilidad no es lo adecuado”, dijo.
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Guerra Ochoa manifestó que espera que rectifiquen en la UAS, ya que la salida debe ser que no se enturbie más esto, sino que se tienda a clarificar.
Reiteró que la cantidad que se está pidiendo para eliminar los procesos penales muchos la consideran pequeña y desproporcionada, comparado con el monto del cual se hacían los señalamientos y por lo cual se abrió el expediente.
Cabe recordar que en la Universidad Autónoma de Sinaloa se habilitó un mecanismo donde los universitarios y la ciudadanía en general puedan realizar donaciones de manera voluntaria para apoyar a los exintegrantes de los Comités de Adquisiciones de la UAS, que acordaron con el Poder Judicial el pago de 20 millones de pesos para que se suspendieran los procesos penales, indicó el abogado universitario Milton Ayala Vega.
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Explicó que se trata de recibos emitidos, igual que como cuando se cubren los importes por inscripciones, exámenes extraordinarios, un certificado, etcétera, en formato PDF, con una copia que va para la institución bancaria, otra para la propia Universidad y una más para el donante.
Los recibos son emitidos por montos de mil, 5 mil, 10 mil y 15 mil pesos para las donaciones en favor de los universitarios que atraviesan los procesos penales.
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Ayala Vega recordó que el pasado 28 de enero se hizo un acuerdo con el Poder Judicial de un pago económico en un plazo de 6 meses, pero aseguró que los integrantes de ambos Comités de Adquisiciones en ningún momento tomaron ese recurso, sin embargo, con el ánimo de que la Universidad Autónoma de Sinaloa siguiera con sus actividades sustantivas, se decidió dar por concluido dicho conflicto a través de ese convenio.
Se trata de un pago de 10 millones de pesos por cada Comité, es decir, 20 millones de pesos en total.
