Culiacán, Sin. – Ante la reciente activación de una cuenta bancaria para recibir aportaciones voluntarias para reunir los 20 millones de pesos que un juez le pide a exdirectivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) para anular sus procesos penales, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, declaró que la institución deberá buscar sus propios medios para cumplir con esta obligación, y será el juez el que debe indagar de dónde salieron los recursos.
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Rocha Moya señaló que los directivos de la UAS deben asumir las responsabilidades impuestas tras haber llegado a un acuerdo con el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, y será el juez quien determine la legalidad del origen de los recursos recaudados para este propósito.
“Ellos están obligados ante el juez de pagar una cantidad, finalmente será el juez que les tenga que indagar de dónde viene, yo ya no estoy conectado con esto” agregó el gobernador.
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El mandatario también subrayó que el proceso se llevará a cabo conforme a la ley, aclarando que no intervendrá, ya que esta investigación es competencia exclusiva de las autoridades judiciales.
Cabe recordar que en la Universidad Autónoma de Sinaloa se habilitó un mecanismo donde los universitarios y la ciudadanía en general puedan realizar donaciones de manera voluntaria para apoyar a los exintegrantes de los Comités de Adquisiciones de la UAS, que acordaron con el Poder Judicial el pago de 20 millones de pesos para que se suspendieran los procesos penales, indicó el abogado universitario Milton Ayala Vega.
Explicó que se trata de recibos emitidos, igual que como cuando se cubren los importes por inscripciones, exámenes extraordinarios, un certificado, etcétera, en formato PDF, con una copia que va para la institución bancaria, otra para la propia Universidad y una más para el donante.
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Los recibos son emitidos por montos de mil, 5 mil, 10 mil y 15 mil pesos para las donaciones en favor de los universitarios que atraviesan los procesos penales.
Ayala Vega recordó que el pasado 28 de enero se hizo un acuerdo con el Poder Judicial de un pago económico en un plazo de 6 meses, pero aseguró que los integrantes de ambos Comités de Adquisiciones en ningún momento tomaron ese recurso, sin embargo, con el ánimo de que la Universidad Autónoma de Sinaloa siguiera con sus actividades sustantivas, se decidió dar por concluido dicho conflicto a través de ese convenio.
