Culiacán, Sin.- En apenas cinco años el gobierno de Mario López Valdez destinó 923 millones 800 mil 10 pesos para la contratación del servicio de un sistema integral de enlace y monitoreo de seguridad y vigilancia para el Estado de Sinaloa a la empresa Comunicación Segura SA de CV, con fecha de 17 de enero de 2012.
Pero tras concluir dicha administración estatal apenas quedaron funcionando 11 de 168 cámaras instaladas, en datos registrados en enero de 2017 en la capital del estado.
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Conocer cuáles de las cámaras baleadas corresponden a las adquiridas durante ese sexenio no es posible. Los datos quedaron testados en septiembre de 2017.
La revisión de los contratos GES-E74/2011, GES-E01/2012 y GES-E02/2012.
En las páginas 26 y 31 del contrato se explica además que se instalarían cámaras de videovigilancia con equipo de almacenamiento y control, cámaras de videovigilancia fijas para carreteras, cámaras tipo punta de poste y cámaras fijas, cuyas características y cantidad de unidades fueron testadas.
El servicio finalmente funcionó como se esperaba.
El 4 de septiembre de 2023 el gobernador Rubén Rocha Moya dio a conocer un adeudo por mil 400 millones de pesos que el erario adquirió durante la administración de López Valdez.
Se dijo que ese monto corresponde al pago de renta por el complejo de seguridad junto con las videocámaras instaladas en el inmueble, así como una flota de vehículos blindados, camiones de vigilancia y dos helicópteros.
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Luego de negociaciones, Rocha Moya dio a conocer que lograron bajar el pago de la deuda heredada a 200 millones de pesos.
“De lo perdido, lo ganado”, comentó durante su conferencia “semanera” de ese lunes 4.
Por eso el antecedente pesa mucho.
