Nicaragua.- Se intensifican las represiones por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, pues este jueves el parlamento de dicho país aprobó una normativa para controlar toda la producción cinematográfica y audiovisual del país, bien sea realizada por empresas o por privados.
Aunque la propuesta fue sumamente criticada desde el inicio bajo el argumento de que “lesionaría la libertad de creación y de expresión”, el parlamento decidió seguir adelante con ello, obteniendo una absoluta aprobación con 88 votos a favor y ninguno en contra. Sobre esta medida, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez expresó:
Esta ley viene a promover, difundir y regular las actividades de cinematografía y de arte audiovisual (…) esta es una ley que viene a fortalecer a la Cinemateca Nacional, no (es) para andar persiguiendo a los tenedores o dueños de celulares, sino para proteger el acervo cultural y fílmico del país.
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Gutiérrez argumentó no estarían bajo esta normativa la creación de videos con fines periodísticos, además, rechazó las críticas de que el proyecto busca controlar las publicaciones de videos en las redes sociales, pues agregó:
No es porque tengo un teléfono celular y hago un video que me convierto en un productor audiovisual.
En particular, la a ley define los parámetros para considerar que una película es nacional, entre ellos, que sea producida por una persona natural o jurídica, que el 50% de personal técnico o autores sean nacionales y que el idioma sea el español o lenguas de la costa Caribe. Además, según el texto de ley, esta nueva normativa regulará:
Las referentes a la creación, producción de imágenes en movimiento en sus diferentes formatos, tales como cine, vídeo digital y de cualquier otro medio conocido o por conocer
Cabe apuntar que la nueva normativa sobre la actividad fílmica, fue precedida por la disolución de la Asociación Nicaragüense de Cine (ANCI), en abril de este año, como parte de la cancelación de más de 2.000 Oenegés ordenadas por el parlamento y el Ministerio de Gobernación en los últimos cuatro años.
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Mientras tanto, un grupo de cineastas nicaragüenses se han pronunciado al respecto, considerando que esta medida atenta contra la libertad de creación independiente y adjudica a la Cinemateca un rol fiscalizador y un marco legal para boicotear cualquier producción.
Asimismo, comentan que algunos artículos en dicha ley resultan ambiguos, lo que es muy preocupante en el contexto actual de represión y persecución política que se vive en Nicaragua
