Culiacán, Sinaloa.- Al considerar que existen elementos de prueba que permiten afirmar de manera probable que habría obstruido la procuración de justicia, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso al alcalde desaforado de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, por presunto abuso de autoridad y delito cometidos por servidores públicos, en relación al arrendamiento de 126 patrullas por 171 millones de pesos en el año 2021.
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La continuación de audiencia inicial se llevó a cabo este miércoles a las 08:30 horas en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro, luego de que se difiriera el pasado viernes 30 de mayo.
Durante la diligencia, los abogados del desaforado presidente municipal argumentaron que con los datos de prueba presentados por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, no se logró acreditar que hubo una negativa por parte de Vargas, de proporcionar información para integrar la carpeta de investigación, sobre el delito de desempeño irregular de la función pública.
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Detallaron que Vargas Landeros instruyó al director de Asuntos Jurídicos, Ricardo García Limón, para que diera respuesta al Ministerio Público e integrara el expediente.
Por tal razón, solicitaron al juez Carlos Alberto Herrera la no vinculación a proceso del alcalde desaforado, ya que aseguraron que no se reúnen los elementos de que actuó maliciosamente.
En respuesta, los agentes de la FGE, argumentaron que no se contestaron las solicitudes que hicieron a la comuna durante los meses de marzo y abril.
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Después de escuchar ambas partes, el juez señaló que con los datos de prueba se puede presumir que se retrasó de manera intencional la procuración de justicia, en la integración de la carpeta, en relación al contrato de arrendamiento de unidades para la Secretaría de Seguridad de Ahome en el año 2021, y dictó la vinculación a proceso.
Asimismo, a petición de la Fiscalía, conservó la media cautelar de que Gerardo Vargas no pueda salir del país sin previa autorización del juez, y que firme de manera mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).
Además, dio un plazo de tres meses de investigación completaría, la cual vence en el mes de octubre.
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Durante la primera parte de la audiencia llevada a cabo el viernes 30 de mayo, los agentes del Ministerio Público narraron que el 18 de marzo, por parte de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción se solicitó al Ayuntamiento de Ahome información sobre el contrato de arrendamiento de 126 unidades que se usarían como patrullas, tanto pick ups, automóviles sedán, motos y cuatrimotos, por el monto total de 171 millones 451 mil 932 pesos.
Además, pidió documentos como transferencias bancarias, actas de entrega recepción y propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública de Ahome.
En dicho contrato, se señala que el Ayuntamiento de Ahome entregó 5 millones 235 mil pesos como anticipo por las unidades. Además, estableció el pago mensual por su renta, de 4 millones 670 mil 106 pesos.
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La FGE pidió los documentos en un plazo no mayor a cinco días, de lo contrario impondría una medida de apremio. Sin embargo, la comuna no entregó la información solicitada.
De nueva cuenta, el 25 de marzo, la Fiscalía en el Combate a la Corrupción solicitó el contrato y estableció 72 horas para enviarlos, de lo contrario se pondría una multa económica.
Ante una nueva negativa, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por el delito de abuso de autoridad, en contra del entonces presidente municipal Gerardo Vargas Landeros, por realizar un hecho arbitrario e indebido.
