Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado de Sinaloa resolvió la madrugada de este viernes proceder penalmente contra Gerardo Octavio Vargas Landeros, hasta entonces alcalde de Ahome con licencia, y Genaro García Castro, diputado local, al considerar que existen elementos suficientes para su enjuiciamiento.
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La decisión fue unánime, se basa en hechos documentados presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE), y fue aprobada por el Pleno del congreso, con fundamento en el artículo 41 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En el caso de Vargas Landeros, se le atribuyen los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, mientras que a García Castro se le señala por el segundo de estos delitos, todos previstos en el Código Penal del Estado de Sinaloa.
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Los hechos que motivaron el juicio de procedencia:
La investigación está centrada en un contrato de arrendamiento por 171 millones 451 mil 932 pesos, que el Ayuntamiento de Ahome celebró mediante adjudicación directa, sin pasar por el procedimiento obligatorio de licitación pública.
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El contrato incluyó el arrendamiento de 126 unidades, distribuidas de la siguiente manera:
• 65 camionetas tipo pick up
• 40 motocicletas
• 6 cuatrimotos
• 15 automóviles tipo sedán
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Entre las irregularidades señaladas están:
• La omisión del proceso de licitación pública.
• El presunto sobreprecio, hasta tres veces mayor que el valor comercial.
• La falta de evidencia documental y física de las unidades arrendadas, observaciones que no fueron solventadas ante la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Con esta resolución, el Congreso envía un mensaje claro: ocupar un cargo público no exenta a nadie de rendir cuentas. Las leyes deben aplicarse por igual, sin importar el nivel del puesto. Por ello, mientras continúan las investigaciones, ambos representantes populares quedaron formalmente separados de sus funciones.
