México.- En la mañana de este domingo 19 de julio, tras la conclusión de una extensa audiencia, un juez dictó la medida de prisión preventiva en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, así como de otras siete personas presuntamente implicadas en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Según lo expuesto por la Fiscalía General de la República (FGR), el Ministerio Público Federal (MPF) logró obtener la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, quienes deberán cumplir su reclusión en el CEFERESO 1 “Altiplano”, en el Estado de México.
La medida también fue impuesta a José María “N” y Guillermo “N”, quienes permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana “N” quedará interna en el CERESO Nezahualcóyotl Sur.
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La FGR agregó que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para que se defina la situación jurídica de los imputados.
Red de huachicol fiscal bajo investigación
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que las indagatorias por este caso derivan del aseguramiento de 33 ferrotanques, lo que permitió a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) identificar una de las mayores redes de contrabando de combustible detectadas en el país.
Sin embargo, aclaró que la red de presunto contrabando de combustible vinculada al exgobernador de Baja California continúa bajo investigación y que podría derivar nuevas detenciones.
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El vínculo entre Ingemar S.A. de C.V. y el caso de huachicol fiscal
Días atrás, en una ampliación del caso, la FGR aludió a una serie de operaciones ilícitas por parte de la compañía Ingemar S.A. de C.V. – fundada por el exgobernador de Baja California –, la cual habría manipulado reportes y documentación aduanera, lo que habría generado una evasión de impuestos por miles de millones de pesos.
El entramado logístico y financiero provocó, de acuerdo con la investigación, un daño patrimonial estimado en cerca de 4 mil millones de pesos a la hacienda pública, esto mediante el contrabando de combustibles.
