Culiacán, Sin.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor del gobierno de Sinaloa demandas con las que lo eximen de pagar hasta mil 360 millones de pesos, producto de demandas interpuestas en administraciones pasadas.
El gobernador Rubén Rocha Moya, cuestionado sobre el tema, explicó se refirió a los dos fallos que emitió este miércoles la SCJN, un amparo para el pago de un Fondo de Vivienda al que nunca se cotizó por aproximadamente mil millones de pesos y una demanda de dos abogados de Jalisco por 360 millones de pesos.
Te puede interesar: “Lo que determina la Suprema Corte de Justicia en el tema del aborto, ya lo estamos haciendo”: Salud
“Uno es un tema de Fondo de Vivienda de jubilados, que ya habían determinado que el estado nunca les dio, entonces, hoy resolvió la Corte que lo que importa es el Fondo de Vivienda de ahora, nosotros ya tenemos un Fondo de Vivienda para trabajadores del Estado, pero había demandas de jubilados de hacía 28 años, y la Corte resolvió que no es obligación del gobierno porque no se cotizó entonces (ni por los trabajadores, ni por el gobierno estatal) porque no había un Fondo en ese tiempo”, explicó.
Respecto al segundo caso, Rocha Moya explicó que es una demanda interpuesta por abogados de Jalisco contra un despacho al que prestaron sus servicios, mismo que en su momento trabajó en la administración de Mario López Valdez.
En esta demanda ese despacho exigía el pago de 360 millones de pesos por honorarios por parte de su exempleador, el gobierno de Sinaloa.
Debes leer: Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba despenalizar el aborto a nivel federal
“El segundo tema es de un despacho de abogados vivales, que según esto le dieron asesoría al gobierno de Malova, se demandaron entre ellos, es decir, estos abogados demandaron al despacho para que les pagaran los honorarios, argumentando que el responsable solidario era el gobierno, y por ello demandaban por 360 millones de pesos”, dijo Rocha Moya.
Este segundo caso el gobierno de Sinaloa ya había logrado un amparo en el Tribunal Colegiado, sin embargo, llegó a la SCJN e incluso se estaba elaborando un proyecto que no beneficiaba al gobierno, lo cual les ordenaría pagar esos 360 millones.
