Culiacán, Sinaloa.- Dos años 4 meses duró el juicio que interpuso la abogada Lucila Ayala de Moreschi para que un tribunal ordenara el proceso para ser ratificada en su cargo de magistrada propietaria ante el desaparecido Tribunal de lo Contencioso Administrativo hoy conocido como el Tribunal de Justicia Administrativa.
En amplia entrevista que concedió a Línea Directa, narró todo el proceso legal que inició el día 6 de enero del año 2017 y que concluyó el pasado 16 de abril, donde los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en la ciudad de Mazatlán, se ordena al Congreso del Estado que deja de surtir efecto el nombramiento del magistrado Héctor Samuel Torres Ulloa, quien ocupó su plaza durante estos dos años fuera del marco de la ley.
Además que deje sin efecto el oficio 2335/17 donde el gobernador Constitucional de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, mando una terma a los diputados locales para su sustitución, cuando no tenía facultades ante este organismo autónomo.
“Resolvieron que se respete el procedimiento de ratificación que establece el artículo 5 y 7 de la Ley de Justicia Administrativa que se me restituya en el cargo de magistrada propietaria de Sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa ante de los Contencioso Administrativo, que se me liquiden todos los salarios que deje de percibir así como las prestaciones”, expuso.
En su defensa, Lucila Ayala dijo que a pesar de que cumplió con todos los requisitos legales y académicos, dos licenciaturas, tres maestrías y un doctorado, para ser ratificada por otro periodo de 6 años y posteriormente indefinida hasta su muerte o jubilación, como la hicieron en la última modalidad Martha Tamayo y Gabriela Chaín, cuando era el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no fue considerada por los asambleístas de la anterior legislatura, y acataron la terna que les envió el mandatario Quirino Ordaz.
La abogada señaló que por estos actos arbitrarios de la usurpación del gobernador se dará parte a todas las instancias involucradas en este desaseado proceso.
“En primer lugar el gobernador, porque fue el primero en violentar la ley y adjudicarse facultades que no tenía en la ley, también ante la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía General del Estado y al Congreso local”, detalló.
Finalmente, informó que hasta el momento no ha sido notificada por el Congreso del Estado para asumir su responsabilidad.
