Culiacán, Sin.- Robespierre Lizárraga Otero carece de facultades legales para ejercer como autoridad de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), advierte la asociación civil Civitas, esto luego de que el Consejo Universitario lo ratificara como encargado de despacho de rectoría en lugar de nombrar a un rector interino.
La asociación civil advierte que la UAS se quedó sin una autoridad legal para cumplir con las obligaciones y funciones encomendadas al rector, esto, tras la indebida ratificación de Lizárraga Otero como encargado del despacho de rectoría por parte del Consejo Universitario.
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Esta acción, según precisa en un comunicado Civitas, acción que además de violar de manera flagrante su propia Ley Orgánica, pone en grave riesgo el funcionamiento de la UAS.
El artículo 35 de la Ley Orgánica de la UAS advierte que “las faltas temporales del rector titular que no excedan de 40 días hábiles serán cubiertas por el secretario general de la institución, las mayores a dicho término, pero menores de 80 días hábiles por un rector interino”.
Artículo 35 de la Ley Orgánica de la UAS.
De acuerdo a Civitas, el Consejo tuvo que nombrar obligatoriamente un rector interino y no ratificar a un encargado de despacho, dado que esta ratificación implica una ausencia de facultades legales que podrían generar impugnaciones de cualquier acto jurídico signado por Lizárraga Otero.
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Entre los académicos que firman el comunicado de Civitas se encuentran Idelfonso León Monzón, Salomé Soto León, Jorge Rubén Ibarra Martínez, Sergio Alberto Cervantes y Sergio Mario Arredondo Salas, entre otros.
“Los principios de autonomía y autogobierno no autorizan a ignorar la ley ni interpretarla a conveniencia”, señala el texto en su parte medular, agregando que el Consejo Universitario de la UAS está tomando atribuciones para las cuales no está facultado”, señala el comunicado de Civitas.
La decisión emanada desde el Consejo Universitario podría traer problemas, según Civitas, como la imposibilidad jurídica de firmar convenios para la obtención de recursos extraordinarios, necesarios para el pago de quincenas, aguinaldos y demás prestaciones, así como la expedición de documentos académicos como título y certificados de estudio, lo cual afectará a docentes, trabajadores administrativos y principalmente al cuerpo estudiantil.
