Los Mochis, Sin.- Para la Secretaría de Mujeres de Sinaloa, autoridad que dio seguimiento integral al caso de María Luisa “N”, la madre tarahumara a la que se le dictó prisión preventiva por el feminicidio agravado por la muerte de su hija de 4 años que fue localizada sin vida cerca de un dren en la comunidad de Juan José Ríos, la recomendación de la CEDH fija un preceden para que un caso similar no se vuelva a presentar en Sinaloa.
María Teresa Guerra Ochoa, titular de Semujeres en la entidad, expuso que el caso de la María Luisa “fue un caso singular” desde su inicio cuando se encuentra el cadáver de la menor, la información que salió durante la investigación y el entorno socioeconómico de la madre de familia, los problemas de salud mental de la trabajadora agrícola y el triste desenlace: su suicidio al interior del Centro Penitenciario Región Évora.
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“[…] Yo creo que tanto la Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Salud debería de aceptar la recomendación sin que esto necesariamente signifique aceptar la responsabilidad, hay que hacer las investigaciones, deslindar responsabilidades y ver en dónde estuvo de la cadena de mando, el fallo”.
Además, Guerra Ochoa advierte que la recomendación de Comisión Estatal de Derechos Humanos también pudo haberse extendido a otras instituciones que antes de la SSPE y SSA tuvieron contacto con María Luisa.
“Creo yo, que algo que no viene en la recomendación que nosotros advertimos es que desde el momento que se estaba llevando a cabo el proceso, había elementos que pudieran haber hecho sospechar del tema de la salud mental de María Luisa y esto debió de haberlo advertido tanto el Ministerio Público, como el propio juez o jueza que estaba cargo del caso, junto con la defensoría de oficio que estaba llevando o la defensa llevando el caso”, expuso.
Tere Guerra señaló que una valoración psiquiátrica pudo haber prevenido su estado salud y haber sido determinante en el caso, debido a que, incluso, pudo haber tenido como resultado su absolución de la responsabilidad penal.
“Desde ese momento se debió de haber pedido la valoración desde el momento que se le estaba haciendo la imputación, porque hay que recordar que cuando hay un daño se considera que inimputable”, expuso.
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Cabe destacar que el 27 de junio del 2023, la madre de familia atentó contra su vida al interior Centro Penitenciario Región Évora, coincidentemente cuando iba a recibir atención psiquiátrica gracias a las gestiones de la Secretaría de Mujeres.
Guerra Ochoa reveló que la tardanza para brindarle esta atención médica a través de Semujeres se debió a las dificultades para encontrar a un especialista de salud mental -psiquiatra- que pudiera valorarla, algo que lamenta ante el trágico desenlace.
