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CASO UAS

Personas que son acusadas de un delito no pueden representar a una institución, dicen universitarios

Los integrantes del Movimiento Democrático Universitario consideran que Jesús Madueña debe llevar su proceso legal apartado de Rectoría de la UAS, y harán una petición en este sentido a la Fiscalía General del Estado

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Foto: Línea Directa | Logotipo de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Culiacán, Sin.- El Movimiento Democrático Universitario anunció que presentará una solicitud a la Fiscalía General del Estado para que esta solicite la remoción del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, para que apartado de ese cargo siga su proceso legal por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público.

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En rueda de prensa, Arturo Nevarez, miembro de dicho movimiento, acompañado de otros universitarios, expuso que un funcionario con acusaciones de corrupción está impedido legal y moralmente para fungir como representante de una institución, por ello, acudirán a la Fiscalía este jueves a presentar dicha solicitud.

“Nosotros el día de mañana (jueves) de manera formal. A nosotros nos sorprende que la Fiscalía no haya pedido la remoción del cargo del rector porque es facultad de ellos, pero nosotros lo vamos a hacer de manera formal para que en los próximos días el rector sea separado y que pueda entonces la comunidad universitaria entender que los tiempos en el estado de Sinaloa han cambiado”, dijo.

Consideró que si por algo no se han llevado a cabo las audiencias de imputación, es por la estrategia que la autoridad universitaria ha hecho.

¿Por qué no se celebró la primera audiencia de imputación por abuso de autoridad?
“Porque uno de los imputados que es el abogado general, se enfermó de un problema respiratorio y estaba impedido a presentarse, cuando un día antes estaba muy activo haciendo proselitismo para evitar ser sentado en el banquillo de los acusados”, expresó.

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Comentó que las audiencias se han diferido no porque no existan pruebas de lo que se le acusa al rector, abogado general y a los integrantes del Comité de Adquisiciones, sino porque han argumentado que no se les entrega la carpeta o estas están incompletas, y por lo tanto desconocen el contenido y no iban preparados para defenderse.

“Hay una estrategia dilatoria para diferir las audiencias, porque cuando se celebren esas audiencias van a presentar todas las pruebas de lo que se les imputa, y entonces ya no van a poder sostener que hay una persecución política”.

Fuente: Línea Directa

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Carola Rojo

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