Los Mochis, Sin.- Un grupo de tarahumaras “retenidos” en el Campo 35 solicitó el apoyo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas -INPI- de la oficina de Turuachi, Chihuahua, porque a pesar de que laboraron por 2 meses en campos agrícolas de la región en cultivos de papa, el contratista no les quiere pagar ni regresar a su comunidad de origen.
Se trata de alrededor de 60 indígenas rarámuris que fueron enganchados en sus comunidades en la sierra de Chihuahua y trasladados al Campo 35 donde laboraron bajo la promesa que al final de la cosecha se pagaría el dinero total correspondiente a su trabajo.
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Sin embargo, el contratista, a quien identifican con el nombre de Juan “M”, les indicó que solamente les corresponde 4 mil pesos porque tienen una deuda con “Rodo”, dueño de la cuartería, por su hospedaje y alimentación.
Y, además, tampoco se quiere hacer cargo de regresarlos a su lugar de origen, a pesar de que cuando se les prometió el trabajo se les ofreció el traslado de ida y vuelta, alimentación y hospedaje.
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Mireya Espinoza Imperial, delegada de INPI en Sinaloa, explicó a Línea Directa que fue contactada por las autoridades de Chihuahua y ella ya logró entrevistarse con algunos de los indígenas tarahumaras afectados.
“Tienen como tres días que no les dan comida, que no comen, pues, al final les dijeron que lo único que les quedaba de ganancia eran 4 mil pesos, trabajaron dos meses y nunca les pagaron ni un sueldo, descontándoles según lo que comían ahí y, a lo mejor, lo de la cuartería y pues que nada más le adeudan 4 mil pesos a cada uno y les dijeron que si querían comer que sacaran de la tienda pero que se los iban a descontar de esos 4 mil pesos”, dijo.
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Sin embargo, a pesar de que se buscó establecer comunicación con el titular de la Dirección de Trabajo y Previsión Social de la zona norte este martes, fue imposible, porque lo que pide el gobierno de Chihuahua es el rescate de este grupo de indígenas que, denuncia, está en una situación muy vulnerable.
Cabe recordar que el enero del 2023, otro grupo de indígenas, tepehuanes, denunciaron explotación laboral ante la Vicefiscalía Regional Zona Norte al vivir una situación sumamente similar en el Campo, incluso el Gobierno del Estado de Sinaloa intervino para brindar apoyo, trasladando a los jornaleros a las instalaciones de la Ciudad Deportiva Centenario y posteriormente se les apoyó para regresar a su comunidad de origen.
