Culiacán, Sinaloa. La reforma al Poder Judicial y el nuevo proceso para elegir jueces ha generado preocupación entre cientos de juzgadores en todo el país. Muchos de ellos enfrentan hoy un escenario incierto, sin tener claro qué pasará con su situación laboral ni cuándo recibirán una respuesta oficial sobre su futuro.
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Marlen Ángeles Tovar, jueza federal con más de dos décadas de carrera, explicó que más de 800 jueces federales ya han sido cesados y enfrentan una situación laboral indefinida, sin certeza sobre su liquidación ni sobre el futuro inmediato del sistema judicial.
Entrevistada en la primera emisión de Línea Directa, explicó que en total son aproximadamente mil 600 juzgadores a nivel federal y 5 mil en los estados, quienes han sido cesados o lo serán en fases determinadas.
En el caso federal, el relevo se ejecuta en dos etapas: la primera ya ocurrió en 2025 y la segunda está prevista para 2027. En entidades como Sinaloa, se anticipa que todos los jueces locales serán reemplazados en septiembre, pero no existen garantías de ser liquidados.
“Desde ahorita se ve que está trayendo caos… Porque, por ejemplo, ahorita ya se llevó a cabo la elección. Los jueces tendrían que tomar protesta el 1 de septiembre y a más tardar los tienen que escribir a su juzgado o a tribunal que les corresponda el 15 de septiembre”.
“Pero pues se han ido atrasando los tiempos, con las impugnaciones, con las irregularidades que se han ido dando, entonces pues todo se va atrasando. Y lo cierto es que, por ejemplo, el 1 de septiembre no tenemos certeza, como lo dijo ya un ministro, de que alguien vaya a pagar”, comentó.
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Uno de los principales motivos de preocupación es el pago correspondiente por cese, el cual —según la jueza— está previsto en la Constitución y debía ser cubierto con recursos de los fideicomisos del Poder Judicial. Sin embargo, estos fondos fueron retirados de forma abrupta y sin notificación formal. El Consejo de la Judicatura habría sido informado por correo electrónico de que los recursos ya no estaban disponibles, tras una instrucción recibida por parte de Nacional Financiera (Nafinsa).
Hasta ahora, los jueces cesados no han recibido compensación alguna y, pese a no tener un documento formal de despido, ya se consideran fuera del sistema. Esta situación se agrava por la ausencia de evaluaciones previas o diagnósticos serios que justificaran la remoción masiva. Según lo declarado, la reforma no contempló mecanismos de análisis del desempeño ni filtros rigurosos en la selección de los nuevos jueces.
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En cuanto al proceso de sustitución, se denunció que los comités de evaluación responsables del relevo no pertenecen al Poder Judicial y que muchos de los jueces electos no cuentan con experiencia previa en juzgados o tribunales. Incluso, se advierte que algunos de los seleccionados enfrentan señalamientos por conductas graves, como vínculos con la delincuencia organizada, acoso sexual o laboral y deudas alimentarias.
Durante la entrevista, se mostró un ejemplo de carga laboral en el que una audiencia penal de ocho horas debía ser analizada y resuelta con celeridad, evidenciando la presión que enfrentan quienes aún están en funciones. A pesar de ello, las jornadas extendidas no se compensan económicamente.
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La falta de claridad también se extiende a las fechas de salida y entrega de funciones. No hay un calendario oficial sobre cuándo deberán dejar el cargo ni qué procedimiento deben seguir. Esta misma incertidumbre afecta a alrededor de 800 jueces en el país.
Respecto a los pagos pendientes, se reiteró que, aunque están reconocidos en la Constitución, hasta el momento no han sido otorgados a ninguno de los cesados. Ante este panorama, se contempla la posibilidad de emprender acciones legales y acudir a instancias internacionales en defensa de sus derechos laborales.
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