Culiacán, Sinaloa.- El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa (STJES), Jesús Iván Chávez Rangel, solicitó a los diputados del Congreso que se les dé vista con la debida anticipación previa a la discusión de la reforma a la Constitución Política del Estado en materia del Poder Judicial, con en el fin de que se envíe un representante.
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De acuerdo al documento leído por el secretario de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, se expone que, con el propósito de respetar la Constitución del estado, es muy importante tener en consideración el procedimiento que esta misma prevé para poder ser reformada.
Se puntualiza que el artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa prevé que con tres días a los menos antes de la discusión de leyes o decretos, la Cámara dé aviso al Supremo Tribunal de Justicia para que a fin de que, si se estima conveniente, envíe un representante para tomar parte en las discusiones.
Asimismo, el artículo 229 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado que establece los tramites de reforma constitucional dispone que una vez presentado este dictamen, sé dará lectura y se fijará fecha para su discusión, girando el aviso correspondiente al Supremo Tribunal de Justicia para los mismos propósitos del precepto referido en el párrafo anterior.
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“Con ese fundamento constitucional y legal solicito a usted que se dé vista al Supremo Tribunal de Justicia que represento, con la debida anticipación previa a la discusión del dictamen que tenga por objeto reformar la Constitución Política del Estado de Sinaloa en materia de reforma al Poder Judicial”, dijo.
Cabe mencionar que, en la sesión extraordinaria de este martes, en el Pleno los diputados dieron primera lectura al dictamen que propone reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución Política de Sinaloa en materia del Poder Judicial para armonizarla con la correspondiente a esta reforma a nivel federal, en las que se contempla la elección de jueces y magistrados y que atiende los principios democráticos, de inclusión, pluralidad, competencias técnicas, funcionales y otros.
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El dictamen fue elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación que preside la diputada Juana Minerva Vázquez González, con base en 11 iniciativas presentadas por distinto actores políticos y partidistas, entre las que resalta una que fue presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya.
Entre los principales aspectos de esta reforma, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación señala los siguientes:
–Desaparece el Consejo de la Judicatura del Estado para dividir sus funciones en un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial.
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–Las magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial, así como juezas y jueces de primera instancia, serán electos mediante el voto directo y secreto de la ciudadanía, conforme a las bases que se establecen en la Constitución local y las leyes en la materia.
–Se modifican los requisitos para las personas que aspiren a ocupar los cargos antes referidos.
–Se establece la obligatoriedad de observar la paridad de género en la conformación de todos los órganos del Poder Judicial del Estado.
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–La remuneración que perciban magistrados y jueces por sus servicios no podrá ser mayor a la establecida para la persona titular de la Presidencia de la República en el presupuesto correspondiente, y no podrá ser disminuida durante su encargo.
–Se desaparecen los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos existentes del Poder Judicial.
–También se resalta que esta reforma busca armonizar el procedimiento de selección y renovación de los cargos judiciales, asegurando que los procesos sean abiertos, transparentes e inclusivos.
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En la elección de 2027, se propone que por única ocasión se elija una magistratura por tres años, otra magistratura por seis años y otra magistratura por nueve años.
Además, se asegura la adecuada profesionalización, capacitación, formación y desempeño del Poder Judicial local, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los tribunales y la prestación de servicios en favor de la ciudadanía.
Todas las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, todas y todos los jueces de primera instancia serán electos directamente por el Pueblo de Sinaloa, lo que fortalece la participación ciudadana al garantizarse que la elección de los titulares de los órganos jurisdiccionales locales se haga mediante voto popular.
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El procedimiento prevé que el Congreso del Estado publique una convocatoria con el listado de todas las candidaturas dentro de los 30 días naturales siguientes a la instalación del primer periodo ordinario del año anterior al de la elección que corresponda.
Se propone que la renovación de la totalidad de los cargos de elección en el Poder Judicial del Estado se realice en la elección estatal ordinaria del año 2027, lo que permitirá a los poderes del estado aprender de la experiencia tanto federal como de las entidades federativas que hayan optado por renovarse en 2025.
Se advierte que las propuestas en el presente dictamen, al contemplarse en la Constitución local no genera impacto presupuestal para alguna dependencia de la administración pública, sin embargo, se coincide que al materializarse el proceso de elección existirá un impacto presupuestal que deberá ser calculado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.
