Culiacán, Sinaloa. La implementación de la llamada Ley contra el Halconeo en Sinaloa representa un avance clave para enfrentar la impunidad y fortalecer la seguridad pública, afirmó el secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, quien destacó que el marco legal recientemente reformado permitirá aplicar sanciones más severas a quienes colaboren con grupos criminales que realizan labores de vigilancia.
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Durante la conferencia de vocería de este jueves, el funcionario estatal celebró que la reforma al Código Penal del Estado (publicada el pasado 23 de abril) ya esté siendo aplicada por las autoridades judiciales.
Subrayó que esta legislación surge de una iniciativa del propio Congreso local, impulsada a raíz de la preocupación compartida por las fuerzas de seguridad sobre la necesidad de cerrar vacíos legales que impedían sancionar con contundencia a los llamados “halcones” o “punteros”.
“Esperamos mejores condiciones para aplicar la ley, para combatir la impunidad, combatir la inseguridad, sería un paso importante”, declaró.
La declaración del secretario general se da a propósito de la detención de Juan Alfredo “N” en Guamúchil, quien fue vinculado a proceso por el delito contra las actividades institucionales de Seguridad Pública del Estado. Se trata de uno de los primeros casos en los que se aplica esta nueva figura legal, con una penalidad que va de 4 a 15 años de prisión.
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Según informó la Fiscalía General del Estado, el detenido fue sorprendido realizando actos de vigilancia en contra de las corporaciones de seguridad, y tras una audiencia inicial, el juez de Control dictó prisión preventiva justificada y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
¿En qué consiste la Ley contra el Halconeo?
La reforma incorporó al Código Penal estatal el Capítulo VI Bis, que establece como delito la vigilancia ilícita en contra de las instituciones de seguridad pública. Se considera “halconeo” el hecho de observar, seguir o informar, con la intención de obstruir o poner en riesgo operativos de seguridad, ya sea de forma directa o por medios tecnológicos como teléfonos, radios o cámaras.
La aplicación de esta norma busca disuadir a quienes colaboran con el crimen organizado en tareas que, si bien antes eran difíciles de sancionar, hoy cuentan con una figura legal precisa, penas claras y un respaldo institucional para su aplicación.
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Por otro lado, Castro Meléndrez también habló sobre la propuesta que está en la cancha del Congreso de establecer fotomultas para quienes no respeten los espacios de estacionamientos para personas con discapacidad.
Cuestionado al respecto, manifestó que siempre se tienen que encontrar las mejores formas que permitan las condiciones donde todos puedan generar el ejercicio de los derechos de todos, así como una mejor convivencia social.
“Siempre hay que asumir apertura a todas las propuestas y hay que revisarlas en su momento para encontrar las mejores formas que nos permitan las condiciones donde todos podamos generar el ejercicio de los derechos de todas y todos, así como una mejor convivencia social, esa pudiera ser una opción”, dijo.
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Castro Meléndrez enfatizó que algo que también trascendental e importante es que se generen las condiciones culturales para efecto de que todos reconozcan los derechos de todos y en este caso, por supuesto las personas a las que se les diseñen espacios por sus circunstancias de discapacidad, todos puedan entenderlo, asumirlo y comprenderlo.
