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Investigación

La CEDH en Sinaloa emite medidas cautelares a Gobierno del Estado y Ayuntamiento de Culiacán

Se inició una investigación de oficio luego de recibir diversas llamadas telefónicas y mensajes por parte de pobladores de la sindicatura de Jesús María, solicitando la intervención de este organismo público autónomo, al referir que se encuentran incomunicadas, sin agua potable y sin energía eléctrica

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La CEDH en Sinaloa emite medidas cautelares a Gobierno del Estado y Ayuntamiento de Culiacán . | Línea Directa

Culiacán, Sin.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió medidas precautorias y cautelares al Gobierno del Estado de Sinaloa y al Ayuntamiento de Culiacán, luego de recibir diversas llamadas telefónicas y mensajes a través de las redes sociales, por parte de habitantes de la sindicatura de Jesús María, solicitando la intervención de este organismo público autónomo, al referir que se encuentran incomunicados, sin agua potable y sin energía eléctrica, informó el visitador general Miguel Ángel Calderón Espinoza.

Señaló que la CEDH Sinaloa inició una investigación de oficio luego de los hechos violentos ocurridos este jueves en Culiacán, por la detención de Ovidio Guzmán “El Ratón” por parte de fuerzas federales y estatales.

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Calderón Espinoza, con el fin de evitar la producción de daños de difícil o imposible reparación solicita que adopte la siguiente medida precautoria o cautelar, entre estas que realicé las acciones que resulten necesarias para garantizar los derechos humanos a las personas que se encuentran en la sindicatura de Jesús María del municipio de Culiacán.

“Derivado de distintas llamadas telefónicas y mensajes vías redes sociales, así como la difusión que han hecho los medios de comunicación. Esta Comisión de Derechos Humanos emitió medidas precautorias y cautelares al Gobierno del Estado de Sinaloa y al Ayuntamiento de Culiacán”, dijo.

A su vez, el visitador general de la CEDH, Miguel Ángel Calderón Quevedo, pidió que busque en un marco de respecto a las atribuciones de las instancias federales, la coordinación necesaria para conocer el estado y condición de las personas que se encuentran en la referida sindicatura y, de esta forma, procurar que de manera inmediata se adopten las providencias necesarias e idóneas a efecto de que a dichas personas se les garantice el respeto a su vida, integridad y seguridad personal.

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Dada la naturaleza de los actos denunciados, esa autoridad cuenta con un plazo máximo de 24 horas para notificar a este organismo estatal si la medida es aceptada y, de ser así, piden precise en qué consistió.

Fuente: Línea Directa

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Xiomara Ramírez

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