Culiacán, Sin.- Después de un largo proceso penal, de horas de audiencias y alegatos en juicio oral, la exdirectora Administrativa de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, María Alejandra Gil Álvarez, fue declarada culpable y sentenciada a cuatro años de prisión.
En el Centro Regional de Justicia Penal, Acusatoria y Oral en Culiacán la Jueza de Control Sara Bruna Quiñónez Estrada, la declaró culpable del delito de desempeño irregular de la función, pero inocente del delito de ejercicio indebido del servicio público.
En audiencia este miércoles para individualizar pena, fue condenada a cuatro años de cárcel y se le impuso una multa por 10 mil pesos para garantizar que esté acudiendo a firmar periódicamente al juzgado como medida cautelar para que no se dé a la fuga.
Respecto a la reparación del daño, aunque la Fiscalía General del Estado pedía la devolución de más de 7 millones 775 mil 564 de pesos, la juzgadora no fijó ninguna cantidad hasta que la autoridad investigadora del Ministerio Público acredite con pruebas fehacientes el monto desviado del erario de la Secretaría de Salud, partiendo de que se expidieron 298 facturas ilegales por una cantidad de 14 millones 775 mil 564 mil pesos.
Ante el señalamiento directo de la defensa de María Alejandra Gil Álvarez, en el sentido de que este tribunal ha sido obsequioso con una justicia selectiva con el trato a los otros implicados como el exsecretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro y el exdirector Médico, Jaime Otáñez García, la juez Sara Bruna Quiñónez respondió que ella no fue la juzgadora de los antes mencionados, y siempre se ha conducido en sus fallos de manera imparcial, incluso puso en duda que Echeverría haya pagado los 7 millones de pesos como reparación del daños para la suspensión condicional del proceso.
Indicó que en ningún momento se ha acreditado en qué cuenta bancaria se depositó esta cantidad millonaria en pagos diferidos.
Con relación a la solicitud que hicieron los litigantes defensores y la propia Fiscalía para que se reconsiderara el fallo con la pena mínima a María Alejandra por ser mujer y tener más de 60 años, la Jueza señaló que es inobjetable porque consideró que la exfuncionaria es una exitosa profesionista en Contaduría Pública, se desempeñaba con conocimiento del cargo en gobierno y devengaba un sueldo de 120 mil pesos al mes, además, no hay un grupo preferencial en este tribunal.
Cabe destacar que a la exfuncionaria se le acusa del presunto desvío de más 14 millones 775 mil 554 pesos, presuntamente por haber autorizado un contrato por esa misma cantidad con la empresa Herramientas Médicas S.A. de C.V., para la prestación de servicios de imagenología, es decir, Rayos X, ultrasonido y tomografía, en hospitales públicos del estado, pero por adjudicación directa y no mediante una licitación pública.
En su juicio, fue citado como testigo su jefe, el exsecretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro pero aunque fue advertido que sería llevado por la fuerza pública, nunca se presentó y tampoco se localizó. La abandonó.
Después de “librar” prisión pagando la mitad de la cantidad de dinero desviado como reparación del daño, Echeverría se fue a Estados Unidos y no quiso atestiguar a favor de su empleada
El exsecretario solo sufragó 7 millones en dos “abonos” como reparación del quebranto, y evitó ir a la cárcel de haber sido encontrado responsable. Mientras que el tercer coimputado, el ex director Médico, Jaime Otáñez García, la libró sin solventar nada.
María Alejandra Gil Álvarez no fue ingresada al penal de Aguaruto por ser un delito no grave. Esto ocurriría una vez que la sentencia cause estado.
Sus abogados aceptaron el fallo de la jueza pero anunciaron que apelarán ante la Sala Primera del Supremo Tribunal de Justicia, lo cual ocurrirá hasta después del 20 de abril por el paro de actividades derivado de la contingencia por el COVID-19.
Este caso es el segundo en Sinaloa donde se lleva a sentencia condenatoria a exfuncionarios públicos. El primero fue Luis Ángel Pineda Ochoa “LAPO”, de la Secretaría de Turismo del Estado, quien fue condenado en julio de 2019 a 13 años de prisión pero que por una serie de amparos y recursos de apelación no ha pisado la cárcel.
