Los Mochis, Sin.- A pesar de los esfuerzos de las autoridades estatales y municipales para trabajar de manera coordinada y mejorar las condiciones de vida de los jornaleros indígenas, son estos los que rechazan la mayoría de las veces la ayuda y hasta esconden a sus hijos para que no reciban atención médica, reveló la síndica de Juan José Ríos.
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Margarita González Mendoza expuso a Línea Directa que debido al arraigo de los usos y costumbres de la población tarahumara que ofrece sus servicios en el campo, la labor de convencimiento es titánica y puso como ejemplo el reciente caso de Carmen “G”, mujer que dio a luz en una de las cuarterías y su esposo cortó el cordón umbilical con un cuchillo, que, aunque el alumbramiento se dio en condiciones insalubres se negaron en un principio a recibir una valoración médica.
Este caso se detectó el lunes por las autoridades durante las brigadas de revisión de las cuarterías en Adolfo Ruiz Cortines y Juan José Ríos, en las que González Mendoza tuvo el acompañamiento de DIF Sinaloa y durante este evento dieron con el caso de Carmen, Marciano y sus cuatros hijos, entre ellos el recién nacido.
“Ellos no aceptaban, tuvimos que hacer labor de convencimiento para que ellos permitieran ser trasladados. La señora no quería moverse de ahí, de ese lugar, se batalla con ellos para que se dejen ayudar. No ponen de su parte, batallamos, prácticamente los ayudamos a fuerzas”, dijo.
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La síndica de Juan José Ríos ahondó en el tema y explicó que tarahumaras impiden que sus hijos reciban atención médica o tomen los medicamentos porque practican en ellos recetas o remedios caseros de acuerdo a sus usos y costumbres.
“A veces que tienen a los niños enfermos y los tienen tapados con cobijas para que uno no se dé cuenta, hemos encontrado niños ardiendo en temperatura, ellos los acuestan en cobijas mojadas para quitarles la temperatura, ellos quieren practicar su cultura aquí”, lamentó Margarita González.
La síndica de Juan José Ríos agregó que otra situación que le preocupa es la cantidad de niños que viajan con sus padres y a pesar de que ya están en edad escolar no están registrados, lo que impiden que tengan acceso a derechos tan básicos como la educación y salud.
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