Culiacán, Sinaloa. En la sesión ordinaria de este jueves 8 de enero de 2026 en el pleno los diputados del Congreso de Sinaloa aprobaron por unanimidad, con 30 votos a favor, un dictamen de reforma constitucional que incorpora el derecho humano a la ciudad en el marco jurídico local.
Con esta reforma, Sinaloa se convertiría en una de las pocas entidades federativas del país en reconocer este derecho de manera constitucional.
La secretaria de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Moncerrat López López, expuso que la iniciativa define el derecho humano a la ciudad como un derecho de las colectividades, con el que se pretende lograr la igualdad, sustentabilidad, justicia social, entre otros aspectos, para que así los grupos vulnerables y desfavorecidos logren su pleno desarrollo.
“La iniciativa tiene por objeto establecer disposiciones para actualizar el marco jurídico en materia del derecho a la ciudad, entendiéndose a este como un derecho de las colectividades con el cual se pretende lograr la igualdad, sustentabilidad, justicia social, participación democrática, respeto a la diversidad cultural, técnica y a sus usos y costumbres. La inclusión social, la distribución equitativa de bienes públicos y la justicia territorial, lo que representará un avance significativo en la lucha por la mejora de la calidad de vida de las personas”, dijo.
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Una vez aprobada la reforma, el diputado presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo Valenzuela Sánchez, remitió el expediente a los 20 ayuntamientos del estado para que en el ámbito de sus atribuciones constitucionales emitan el voto del derecho que corresponda.
“Remítase el expediente a los 20 ayuntamientos del estado para que en el ámbito de sus atribuciones constitucionales emitan el voto del derecho que corresponda dentro del plazo de 15 días siguientes”, dijo.
La reforma establece que el derecho a la ciudad incluye la función social de la propiedad, donde todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la propiedad del territorio urbano dentro de los parámetros democráticos de justicia social.
Además, contempla aspectos como el desarrollo urbano, ordenamiento territorial, integración socio-urbana de asentamientos irregulares, derecho a un medio ambiente sano, participación en la vida cultural y derecho a la movilidad en contextos urbanos.
Cabe mencionar que la iniciativa fue presentada por la diputada con licencia Yeraldine Bonilla Valverde, del Partido Verde Ecologista de México.
Asimismo, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación emitió un dictamen favorable para adicionar la fracción XV al artículo Cuarto Bis A de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
La Comisión dictaminadora señaló que el derecho a la ciudad amplía el enfoque tradicional sobre la mejora de la calidad de vida centrada en la vivienda y el barrio, para abarcar la calidad de vida a escala de ciudad y su entorno rural.
Lo anterior, implica una nueva manera de promoción, respeto y defensa de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
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¿Por qué se tiene que remitir a los ayuntamientos algunas de las reformas aprobadas en los congresos locales?
Porque algunas reformas aprobadas por los congresos locales requieren la participación directa de los ayuntamientos para poder entrar en vigor, especialmente cuando se trata de reformas constitucionales a nivel estatal.
Se remiten a los ayuntamientos porque la Constitución estatal establece que cualquier modificación a su texto debe ser aprobada no solo por el Congreso local, sino también por la mayoría de los cabildos municipales. Esto se debe a que los municipios son considerados órdenes de gobierno con autonomía, y las reformas pueden afectar su organización, facultades o competencias.
Así, al enviar la reforma a los ayuntamientos, se busca que estos analicen, discutan y voten si están de acuerdo o no. Una vez que se obtiene la aprobación del número de municipios que marca la ley (por lo general, la mayoría), el Congreso hace la declaratoria correspondiente y la reforma puede publicarse y entrar en vigor.
