Culiacán, Sinaloa. – Los diputados integrantes de las comisiones de Protocolo, Régimen Orgánico Interior y la de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión del Congreso del Estado, aprobaron dictamen que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de 19 leyes estatales con el fin de garantizar la paridad de género y sancionar a quien la incumpla, por lo que este dictamen avanzó su proceso legislativo para que sea aprobado en el pleno del Poder Legislativo.
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El director del Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo, Édgar Donato Vega Márquez, presente en la reunión de trabajo de las dos comisiones, expuso una síntesis de todas las modificaciones propuestas en el dictamen, dado que por ser muy extenso el dictamen, se aprobó omitir su lectura.
Sintetizó que estos cambios son para establecer la obligación legal de la paridad de género y se precisa cómo se garantiza que las servidoras o servidores públicos que tengan la obligación de otorgar nombramientos, deberán hacerlo de modo tal que los cargos a ocupar sean ocupados en un 50 por ciento por mujeres y un 50 por ciento por hombres.
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“En todas esas 19 leyes se establezca y garantice la paridad de género en el contenido de cada una de ellas, estableciendo que la paridad de género es una obligación por derecho, pero cómo se garantiza o cómo es el objetivo, cómo se persigue que los servidores públicos que tengan la obligación por facultad propia de ley que deban cumplir con la paridad de género del 50, más 50 en mitad hombre y mitad mujer, en un 50 % cuando se ve que no sea un número dispar, y que sea par, entonces quien no cumpla con este se propone que el servidor público que no cumpla con esta disposición obligatoria para él, teniendo la facultad de nombrar al personal en ese sentido y no lo haga se hará creedor a una infracción y a una sanción de las que dispone la propia Ley de Responsabilidad Administrativa”, expresó.
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Vega Márquez precisó que quien no cumpla teniendo la facultad de otorgar los nombramientos, se hará acreedor a una infracción y sanción previa denuncia que se haga ante el correspondiente Órgano Interno de Control y este dé vista al Tribunal de Justicia Administrativa para que sea este el que decida la sanción a imponer por la falta grave cometida.
