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Culiacán, Sinaloa. – La Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior del Congreso del Estado de Sinaloa determinó por unanimidad que la iniciativa presentada el día 25 de febrero por el grupo parlamentario de Morena, donde establece temporalidad de hasta 14 semanas para la interrupción del embarazo, cumple con los requisitos para continuar con su proceso legislativo.
Dicha iniciativa también establece que se comete delito de interrupción forzada del embarazo la persona que mediante cualquier medio y en cualquier momento produzca o practique a la mujer o persona gestante la interrupción de su embarazo sin su consentimiento.
Para ello, se propone pena de 6 a 20 años de prisión si se produce la interrupción del embarazo a la mujer o persona gestante sin su consentimiento y de 8 a 20 años de prisión si con la interrupción del embarazo se produce además la perdida de la aptitud o capacidad reproductiva de la víctima.
Asimismo, se contempla instituir que las instituciones públicas, privadas y sociales que presten servicios de salud en el estado de Sinaloa, deberán proveer el servicio para la interrupción del embarazo en condiciones de calidad y salubridad, garantizando la dignidad humana de las mujeres y personas gestantes, manifestando que en el caso de las instituciones públicas el servicio será gratuito, donde al respecto, participó la diputada secretaria de la Comisión, Almendra Ernestina Negrete Sánchez.
“No importan argumentos ambiguos que tiendan a desestimarlas, nosotros vamos a estudiar a fondo, a mucho detalle, para que la ley que sea votada, independientemente de cuál sea el resultado, sea por y para las y los sinaloenses, las mujeres y las personas gestantes”, dijo.
En ese sentido la comisión también determinó que cumple con requisitos una iniciativa del diputado sin partido, Adolfo Beltrán Corrales que propone otorgar atención psicológica por cinco días a aquella mujer que quiera interrumpir su embarazo.
Cabe mencionar que la Comisión también determinó por unanimidad que 10 proyectos más de reformas y adiciones de leyes y otros dos de pensiones cumplen los requisitos para continuar su proceso legislativo, entre las que destacan:
- Una que establece un programa general de carácter específico, para la detección de estereotipos de género en las actuaciones inherentes a procesos penales que versen sobre delitos sexuales y que la presunción legal a nivel valoración de las pruebas en sede jurisdiccional.
- Otra propone que la persecución del delito de violencia familiar sea de oficio en todos los supuestos facticos para evitar el requisito indispensable de querella de parte ofendida; una más tiene como objeto, con respecto a la guarda y custodia de los menores como medida provisional en el caso de admisión de una demanda de divorcio.
- Otra iniciativa establece gestionar y realizar las acciones encaminadas a la identificación, análisis y reducción del riesgo de desastres.
- Otra tiene como propósito que las medidas económicas que el Ejecutivo estatal determine de forma temporal, ante una inestabilidad o depresión económica, fuerza mayor o contingencia sanitaria, su ejecución sea en total apego a los derechos humanos.
- Y una última que propone actualizar las cuotas que se cobran en área comercial, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
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