Culiacán, Sinaloa. Este jueves en Culiacán, Sinaloa, se llevó a cabo el último de los diálogos nacionales sobre la reforma al Poder Judicial, que llevó por nombre “Impartición, Procuración de Justicia y Seguridad Pública”.
El foro realizado en el Congreso del Estado de Sinaloa tuvo una duración aproximada de poco más de cuatro horas, donde cada ponente tuvo un tiempo de cinco minutos para exponer sus argumentos.
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Leslie Jiménez Urzúa, maestrante en derecho y especialista en derecho penal por la facultad de derecho de la UNAM, fue la primera en participar, quien señaló que un punto importante que ha estado un poco fuera de las discusiones al torno de la reforma es que solo el 05 por ciento de los asuntos en este país son de ámbito federal y la probabilidad que se resuelva un asunto es del 1 por ciento, es decir se tiene el 99 por ciento de impunidad, por lo que consideró que es necesario voltear a mirar más a las fiscalías locales.
“Solo el 5 por ciento de los asuntos en este país son de ámbito federal, el 95 por ciento es de ámbito local así que tenemos que voltear a mirar a las fiscalías locales y a los poderes judiciales locales, no podemos hablar de una carpeta de investigación que vaya ante un juez de control si esa carpeta no está debidamente bien integrada”, dijo.
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Marlén Ángeles Tovar habló como representante de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Sinaloa, para lo que lamentó que actualmente ellos son de carrera judicial y pasan por exámenes muy rigurosos y la propuesta de la reforma dice que se van a elegir por diputados, senadores, presidente de la República y corte.
“Nosotros sí estamos comprometidos con la nación y queremos un cambio, un cambio que mejore nuestras condiciones de trabajo, necesitamos más tribunales federales y la justicia, la sociedad mexicana necesita una justicia integral, completa que tome en cuenta a las víctimas de este país”, externó.
Por su parte, Gustavo Saavedra, quien también hizo su postura en representante de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Sinaloa, criticó que la reforma al Poder Judicial lo que pretende es sacar de la carrera judicial a los jueces y magistrados, poniéndoles así un techo de cristal.
“Nos están poniendo techo de cristal, pero no hablo por mí, ese techo de cristal como aspirantes a ser jueces y magistrados que nos están poniendo no solamente me afecta a mí, principalmente preocupa que afecte al pueblo mexicano, porque no va a tener la garantía de un juez independiente”, señaló.
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Mónica Ferreyra García, representante del Colegio de Abogados Indígenas, solicitó el nombramiento de jueces indígenas, pues argumentó que la legislación vigente no reconoce las formas tradicionales para hacer justicia a estas comunidades.
“Solicitamos el nombramiento de jueces indígenas, la legislación vigente no reconoce las formas tradicionales para hacer justicia a los pueblos indígenas, pedimos elegir juristas indígenas bajo el principio de pluralismo con una perspectiva intercultural y con paridad de género”, reprochó.
Sara Bruna, fiscal general del Estado, también participó como ponente en los diálogos, donde recordó que el sistema de justicia en México ha enfrentado críticas en tema de ineficacia, corrupción y falta de transparencia y la percepción sobre el Ppder Judicial ha erosionado la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.
Agregó que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del 2021 la impunidad alcanzó niveles alarmantes con una tasa superior al 90 por ciento en aquellos delitos graves, por lo que reafirmó que este panorama resalta la importancia de una reforma integral que aborde esos problemas estructurales.
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Entre los objetivos principales de la reforma al Poder Judicial, destacó el fortalecimiento de la independencia judicial, transparencia y rendición de cuentas, acceso a la justicia, combate a la corrupción, modernización y capacitación.
En ese sentido, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en el Gobierno de México, envió un mensaje para agradecer al gobierno de Sinaloa por haber sido anfitrión en este foro, donde precisó que lo que se busca con esta reforma es una correcta impartición de justicia, que las decisiones de los juzgadores sean imparciales, honestas y apegadas a los derechos humanos y se comprometió a continuar trabajando en mecanismos ágiles para otorgar preliberaciones y amnistía a indígenas, mujeres y otros grupos vulnerables.
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Por último, Celia Maya García, consejera de la Judicatura Federal, garantizó que esta propuesta es la renovación de los cimientos, una refundación para que haya en el país verdadera y eficiente justicia y propuso que la elección de magistrados se haga por etapas, teniendo como criterios circuitos y que mientras llega al término del proceso electoral si se van dando vacantes, los nuevos titulares sean sustituidos en la forma que ya previene la ley.
