Culiacán, Sin.- Este martes se difirió por séptima ocasión la audiencia de revisión de medidas cautelares del encargado de despacho de Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Robespierre Lizárraga Otero, y de Jesús Madueña Molina.
En un inicio, el abogado particular de Lizárraga Otero, le pidió al juez de control Carlos Alberto Herrera que difiriera la presente causa porque apenas había protestado en el cargo el pasado 06 de febrero, por lo que le había sido imposible leer la carpeta administrativa para preparar una defensa técnica adecuada.
El juez le respondió que ya le había notificado en esa ocasión que si no llegaba preparado para este martes, se le impondría un abogado de oficio, por lo que fue revocado.
En sustitución fue nombrado José Francisco Reyes y junto con él llegaron otros tres defensores públicos, pero todos reconocieron que no estaban impuestos de la carpeta de investigación, por lo que no podrían participar en esta audiencia.
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Luego de escuchar estos argumentos, el juez Carlos Alberto Herrera les advirtió que si de nueva cuenta se presentan sin estar preparados, se les impondrá una sanción de mil días de multas.
El juez dio como nueva fecha el 16 de febrero a las 14:00 horas para que Robespierre Lizárraga Otero nombre a otro abogado, y ese día se dictará una nueva fecha para la revisión de medidas cautelares.
MÁS SOBRE LA AUDIENCIA
Al arrancar la diligencia, el abogado general de la UAS, Yamir Valdez Álvarez (sin tener ningún cargo en esta audiencia) le solicitó al juez que cambiara al asesor jurídico victimal que se le había asignado a la institución, y en lugar nombrara a Daniel Enrique Murillo, Yaritza Machado, y Dagoberto Urieta Valdez.
El juez respondió que no tenía que acatar dicha petición porque no le habían entregado el documento donde se acreditara que esto es una orden de un juzgado federal, por lo que todo debería continuar como estaba.
En cambio, dictó un breve receso para que en máximo 10 minutos Yamir Valdez Álvarez abandonara el lugar que había ocupado en la sala de audiencias porque no había protestado ningún cargo.
En dicha causa se pretenden revisar las medidas cautelares que se le impusieron a Jesús Madueña Molina y Robespierre Lizárraga Otero por el presunto delito de abuso de autoridad, supuestamente porque en marzo del año pasado se negaron a proporcionar información a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que iniciara con la fiscalización de los recursos propios de la UAS del año 2022.
La diligencia ha sido diferida en siete ocasiones: el 1, 6 y 17 de noviembre, el 6 de diciembre, el 9 de enero, así como el 1 y el 13 de febrero.
