Culiacán, Sin.- Por sexta ocasión, el juez de control difirió la audiencia de revisión de medidas cautelares de Jesús Madueña Molina y el encargado de despacho de Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Robespierre Lizárraga Otero.
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La audiencia estaba programada a las 10:00 horas de este 01 de febrero en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro, sin embargo, Lizárraga Otero pidió que se reprogramara porque su abogado sin motivo alguno no se presentó.
Luego de escuchar este argumento, el juez Carlos Alberto Herrera fijó como nueva fecha el 13 de febrero, sin embargó, ordenó a Lizárraga nombrar una nueva defensa a más tardar el día 6 de este mes, a las 14:00 horas.
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En respuesta, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) invitó a Robespierre Lizárraga Otero a que acuda lo más pronto posible a las oficinas de la dependencia acompañado de su nuevo abogado, para entregarle la carpeta de investigación y se vaya imponiendo del caso, y que el 13 de febrero no ponga como excusa que no la conoce y pida de nueva cuenta su diferimiento.
Durante la audiencia, al hacer uso de la voz, el encargado de despacho de Rectoría pido al juez Carlos Alberto Herrara que amoneste a la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Sara Bruna Quiñónez Estrada, por las recientes declaraciones que ha realizado en medios de comunicación, ya que, aseguró, ha “atentado” contra sus derechos humanos.
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Esta audiencia es con el fin de revisar las medidas cautelares impuestas a Jesús Madueña y Robespierre Lizárraga, en el caso de presunto abuso de autoridad, en el cual están vinculados a proceso por presuntamente negar el acceso a trabajadores de la Auditoría Superior del Estado para que auditaran el uso de recursos propios de la institución en el 2022.
La diligencia ha sido diferida en seis ocasiones: el 1, 6 y 17 de noviembre, el 6 de diciembre, el 9 de enero y este 1 de febrero.
El pasado sábado 27 de enero, la fiscal Sara Bruna Quiñónez declaró que la dependencia a su cargo podría analizar tomar medidas adicionales, como solicitar al juez órdenes de aprehensión, si los directivos de la UAS seguían “abusando” de estrategias “legaloides” para diferir las audiencias en su contra.
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