Culiacán, Sin.- Este viernes se reprogramó nuevamente la audiencia para la revisión de medidas cautelares en contra de Jesús Madueña Molina, quien está separado del cargo como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y Robespierre Lizárraga Otero, encargado de despacho de Rectoría.
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Esta diligencia estaba programada desde el pasado 1 de noviembre pero se difirió al día 6 por motivos de salud de los acusados. El 6 tampoco se pudo llevar a cabo, por lo que se reprogramó para el martes 14 pero por cuestiones procesales fue hasta este viernes 17 de noviembre que se fijó la cita a los juzgados.
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Sin embargo, este viernes nuevamente hubo una postergación hasta el miércoles 6 de diciembre, a las 9:30 de la mañana.
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Lo anterior, después de que Guadalupe Avendaño se presentó como nueva abogada de Robespierre Lizárraga Otero y al no tener nombramiento, le tomaron protesta y posteriormente solicitó un plazo de tres meses para analizar carpetas de investigación y audios porque no contaba con ellos.
En respuesta, los agentes del Ministerio Público que venían por parte de la Fiscalía General del Estado mencionaron que se establecía que tenia que ser un periodo que no excediera de 10 días, pues consideraron que era tiempo suficiente para analizar toda la documentación.
El juez de control Carlos Alberto Herrera expuso que atendiendo la agenda se reprogramaba la audiencia para el 06 de diciembre en la sala A y dio por suspendida la que se estaba realizando este viernes.
LO QUE HAY QUE SABER
Este caso es por la carpeta de investigación de presunto abuso de autoridad, donde se acusa a Molina y Lizárraga de supuestamente haber impedido que la Auditoría Superior del Estado realizara una revisión del uso que le dio la UAS a sus recursos propios en el 2022.
Ambos están vinculados a proceso por este motivo, sin embargo, como medidas cautelares solamente se les ha aplicado el no salir del país sin autorización del juez y acudir a firmar de manera periódica ante las autoridades.
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A petición de la Fiscalía General del Estado, se programó esta audiencia para la revisión de las medidas, y se podrían modificar estas, incluso al grado de que el Ministerio Público pida la separación temporal del cargo de los imputados.
En ese escenario, Robespierre Lizárraga ya no podría ser encargado de despacho de Rectoría de la UAS.
Al respecto, la fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, ha declarado en anteriores ocasiones que los agentes del MP no llevan ninguna instrucción y conforme se van presentando los argumentos en la audiencia, es que definen el tipo de medida cautelar que solicitarán al juez, y si es que mantienen las que ya están o solicitan algunas adicionales.
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