Culiacán, Sin.- Este miércoles se realizó una audiencia para revisar las medidas cautelares en contra de Jesús Madueña Molina y Robespierre Lizárraga Otero, en el caso de la investigación por presunto abuso de autoridad, donde se les acusa de haber impedido una auditoría a los recursos propios de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
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Sin embargo, ninguno de los acusados acudió, razón por la que el juez de control difirió la audiencia, que estaba programada a las 9:00 horas en la Sede Regional de Justicia Penal y Acusatoria Oral Centro.
Sin embargo, Milton Ayala Vega, abogado de Madueña Molina, informó al juez de control Carlos Alberto Herrera que cuenta con una justificante de su representado donde le notificó que no puede asistir ante el Poder Judicial.
Milton Ayala Vega señaló que el justificante es por un plazo de 10 días, y no dio más detalles si fue por alguna cuestión médica.
La defensa del encargado de despacho de Rectoría, Robespierre Lizárraga Otero, no se pronunció, solo su defendido no asistió a la audiencia.
El juez de control Carlos Alberto Herrera difirió la audiencia para el 06 de noviembre a las 10:00 horas en la sala A.
Jesús Madueña Molina y Robespierre Lizárraga Otero fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el delito de abuso de autoridad, al negarse a proporcionar información y un espacio para que personal de la Auditoría Superior del Estado (ASE) el pasado 30 de marzo iniciara con el proceso de fiscalización de los recursos propios de la institución.
Cuando fueron vinculados, a petición de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), el juez de control dictó como medidas cautelares que los imputados no puedan salir del país sin previa autorización judicial.
Robespierre Lizárraga actualmente es encargado de despacho de la Rectoría de la UAS debido a que Jesús Madueña Molina fue separado temporalmente del cargo. Esto fue una medida cautelar aprobada por un juez, pero en una carpeta de investigación distinta, que es donde se acusa a Madueña de presunto ejercicio indebido del servicio público por la compra de 45 millones de pesos en tortillas.
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