Culiacán, Sin.- No habrá mayores consecuencias tras la inasistencia de Jesús Madueña Molina y Robespierre Lizárraga a la audiencia especial que se iba a realizar este miércoles para revisar las medidas cautelares que se les impusieron en el caso de presunto abuso de autoridad, expresó la titular de la Fiscalía General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada.
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En una entrevista al respecto, la fiscal detalló que Madueña Molina proporcionó una justificación por motivos de salud que cubre un periodo de diez días, mientras que Lizárraga no presentó documentación de respaldo en este sentido. Ante ello, lo único que el Ministerio Público solicitó al juez fue la reprogramación de la audiencia.
Sin embargo, destacó que esta situación se ha vuelto recurrente en los procesos penales que se siguen contra funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Sobre si pudiera haber una separación del cargo en contra de Robespierre Lizárraga, quien actualmente es encargado de despacho de Rectoría de la UAS, Quiñónez Estrada no quiso adelantar detalles.
“Se van a revisar [las medidas cautelares], no sabemos si se modificarán. Cuando están vinculados a proceso en cualquier momento se puede solicitar una revisión”.
–¿En el caso de Robespierre hay alguna posibilidad? (de ser separado del cargo)
“No quisiera adelantar nada sobre eso porque todavía no hacemos la revisión, no sé si hay elementos suficientes para hacerlo”.
–¿Cuál fue la justificación por parte de Robespierre? (para no acudir)
“Que se sentía mal de salud, nos dijeron”.
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Este miércoles se realizó una audiencia para revisar las medidas cautelares en contra de Jesús Madueña Molina y Robespierre Lizárraga Otero, en el caso de la investigación por presunto abuso de autoridad, donde se les acusa de haber impedido una auditoría a los recursos propios de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Lizárraga actualmente es encargado de despacho de la Rectoría de la UAS debido a que Madueña Molina fue separado temporalmente del cargo. Esto fue una medida cautelar aprobada por un juez, pero en una carpeta de investigación distinta, que es donde se acusa a Madueña de presunto ejercicio indebido del servicio público por la compra de 45 millones de pesos en tortillas.
