Están por cumplirse seis meses del inicio de la pugna interna por el control del cártel de Sinaloa. La situación actual refleja un conflicto que parece no tener fin. Tras la caída de varios de sus líderes más importantes, las células de sicarios que estaban bajo su control parecen haber quedado desorganizadas. Sin embargo, lejos de paralizarse, continúan buscando formas de sobrevivir y mantener su poder.
Las consecuencias para la seguridad pública
Este momentáneo vacío de poder sigue generando una lucha constante por el control territorial, lo que impacta directamente en la seguridad de los ciudadanos. A pesar de los esfuerzos del gobierno federal por contener esta ola de violencia mediante operativos que destruyen laboratorios, aseguran inmuebles, vehículos y armas, la respuesta de los grupos criminales no se ha hecho esperar.
Los sicarios acorralados no se detienen, como lo ha demostrado el alto número de robos de vehículos, asaltos, extorsiones y secuestros virtuales que seguimos viviendo en la entidad. La inseguridad no disminuye; al contrario, se diversifica, dejando a la población vulnerable en su día a día.
Por su parte, las corporaciones locales se han limitado a respaldar los operativos federales cuando el Ejército lo solicita, pero la falta de un sistema de alertas en tiempo real sigue siendo una gran debilidad en el aparato de seguridad pública. En un estado como Sinaloa, donde la violencia cambia de un momento a otro, no contar con herramientas eficaces para informar a la población de los riesgos inminentes pone en grave peligro la vida de los ciudadanos, que, a pesar de todo, intentan continuar con sus actividades cotidianas, como el trabajo y la educación, en medio de este clima de inseguridad.
La falta de coordinación en la seguridad
Es evidente que el modelo actual de operativos, aunque necesario, no ha logrado frenar la violencia de forma definitiva. La raíz del problema radica en un sistema de seguridad que no está suficientemente coordinado ni preparado para enfrentar la complejidad del crimen organizado. Este fenómeno no solo depende de la captura de líderes, sino de una estrategia integral que contemple la prevención, la colaboración entre diferentes niveles de gobierno y una mayor capacitación de las fuerzas locales.
Lo que está en juego es la tranquilidad de los ciudadanos, su economía, su salud emocional y la estabilidad social de las comunidades. Es necesario un cambio profundo en la manera en que enfrentamos este fenómeno. Sinaloa necesita un enfoque más allá de los operativos y la captura de criminales, uno que permita frenar el ciclo de violencia y ofrecer a sus habitantes la oportunidad de vivir sin miedo.
La solución pasa por una acción más coordinada, con mayores recursos para las autoridades locales, y por supuesto, con un sistema de alerta que permita anticiparse a las amenazas, protegiendo de manera más eficaz a la población. La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado puede y debe hacerlo.
