Uno de los principales retos que enfrentan los gobiernos es la recaudación fiscal y en ese contexto está la imposición de gravámenes a las empresas multinacionales que operan a través de plataformas digitales, aplicaciones o simplemente que la ubicación del establecimiento permanente, que antes era físico, hoy es virtual.
Lo anterior, hace que la coordinación entre las instituciones en materia fiscal sea complicada y cada día más difícil. Si bien, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) se encarga de asesorar, guiar y capacitar en temas financieros a los países que la integran, aún no ha sido posible lograr consensos en cuanto a la implementación de una tasa de impuestos para empresas como Google o Amazon.
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España es uno de los países que ha implementado la tasa Google y planea suprimirla. El Sistema Financiero Mundial vive uno de los momentos más importantes y requiere una modernización urgente. La globalización en el marco del intercambio internacional hace necesario diseñar sistemas internacionales que permitan a los países recaudar mayores impuestos.
En cuanto a la tasa Google, uno de los principales debates radica en la imposición de impuestos, si el lugar en el cual se genera el valor o es donde es gravado, con el cual se pretende poner fin a la planificación fiscal utilizada para diseñar las mejores estrategias que les permitan a las empresas pagar menos impuestos.
La tasa Google, es una tasa de impuestos para grandes empresas, las cuales pagan cantidades mínimas, al utilizar una economía digital que se aprovecha de lagunas fiscales. La tasa oscila entre el 2 y 7% de lo que se factura en publicidad. España maneja el 3% en las plataformas digitales, en el supuesto que logren facturar 750 millones de euros al año, 50 millones en lo nacional.
El objetivo de la tasa Google es que las empresas tecnológicas paguen impuestos por las actividades que realizan y la OCDE busca una tasa armonizada para que sea implementada por todos los países que pertenecen a este organismo.
En 2021 se firmó un Marco Inclusivo del proyecto BEPS con acuerdo internacional en dos ejes: reasignar ingresos fiscales donde se presten o consuman sus productos y aplicar el impuesto al mínimo efectivo global para empresas multinacionales, el cual consiste en un 15% que generen empresas que facturen 750 millones de euros, para combatir la elusión fiscal.
A la fecha, no se tiene un acuerdo global para su implementación, la economía digital sigue siendo un desafío para todos los países en materia fiscal y su regulación en cuanto a la reconfiguración de supuestos en entornos virtuales.
El capitalismo digital, como una base para reconfigurar el Sistema Monetario y la tributación internacional para todos los países, revisar que no se vulneren los derechos humanos y no sean las y los consumidores quienes terminen pagando este impuesto como sucede con otros impuestos existentes.
