La semana pasada el Congreso del Estado, con el voto unánime de las y los diputados, aprobó una solicitud de deuda pública por 2 mil 300 millones que el Ejecutivo estatal planteó para financiar la construcción de 36 obras en los 20 municipios de la entidad. Con ello se da cauce a una política pública pertinente, que busca la recuperación de los niveles de actividad económica, la cual se ha visto afectada por la escalada de violencia que se ha registrado en Sinaloa desde el pasado mes de septiembre; y también se anticipa a los efectos negativos que traerá consigo la fuerte reducción de la superficie de riego agrícola, dada la falta de agua en las presas.
El espíritu de Keynes ronda en Sinaloa. Mediante este endeudamiento se pretende alentar la reactivación productiva y el empleo, a través de un mayor monto de gasto público en infraestructura social y productiva. Con la industria de la construcción como principal soporte, se pretende generar 17 mil empleos directos y 10 mil indirectos.
Con la aprobación de este nuevo endeudamiento no parece comprometerse el equilibrio de las finanzas públicas ni el futuro de las próximas generaciones. El monto del empréstito aprobado, 2 mil 300 millones de pesos, comparado con el presupuesto estatal autorizado para el ejercicio fiscal 2025, por un total de 70 mil 004 millones de pesos, solamente representa el 3.28% de dicha cantidad. Aquí es importante referir que el Gobernador Rubén Rocha Moya reiteró su compromiso para mantener la estabilidad fiscal. En la reunión de trabajo que se celebró en el Congreso del estado, personalmente señaló que cuando asumió la gubernatura, el primero de noviembre del 2021, la deuda pública que recibió era de 5 mil 251 millones de pesos. Prometió que para cuando concluya su gestión, la deuda pública que dejará será por un total de 5 mil 145 millones de pesos, lo que implicaría una reducción de 106 millones de pesos.
La medida que se tomó resulta acertada pero faltarán medidas adicionales de política pública para impulsar la recuperación de la actividad productiva y comercial, principalmente en el municipio y ciudad de Culiacán, la más afectada por la escalada de violencia. Ahí habitan 1 millón de personas y se genera cerca del 40% del PIB y empleo del estado. El Gobierno federal ha impulsado una estrategia de seguridad pública pero todavía no ha puesto sobre la mesa otras acciones, que con toda razón ha venido reclamando el sector empresarial, como son las prórrogas en los pagos al IMSS, INFONAVIT, CFE y diferir las declaraciones del ISR, IVA ante el SAT, entre otras. También faltará en este plan de reactivación de la economía sinaloense programas más específicos para atender la fuerte crisis que actualmente enfrentan diversos sectores de la actividad productiva local como son los negocios de restaurantes, hotelería, pequeño comercio, mercados tradicionales, microempresas, giros de la vida nocturna, entre muchos más.
Al igual que en la estrategia para recuperar la seguridad pública, faltarán más acciones de política pública para impulsar la necesaria recuperación de la economía sinaloense.
