Apalancada que fue la victoria electoral en una férrea e irreductible crítica a la corrupción de los gobiernos pasados, al actual encabezado por Andrés Manuel López Obrador se le multiplica la exigencia de que efectivamente destierre conductas deshonestas de funcionarios que tanto daño han hecho al país.
Pero, además, los ciudadanos no están dispuestos a tolerar alguna situación de sospecha o desconfianza de quienes ante todo prometieron un gobierno decente, y por ello aplican aquella frase de que “la mujer del César no solo debe ser honrada; sino también parecerlo”.
La transparencia, la honestidad y la justicia deben ser ahora compromisos insoslayables para el actual gobierno federal.
Hoy una investigación periodística colocó en la opinión pública un asunto delicado en torno a la omisión del Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, de una propiedad en el extranjero, la cual no incluyó en su declaración de bienes.
Ante ello, el funcionario aclaró que, efectivamente, se trata de una propiedad adquirida por su esposa en 1992, y luego donada a una sociedad de la que él fue administrador y cuyas acciones cedió a un hijo suyo. Que nada tiene que ver con esa propiedad, y que por lo tanto no la reportó.
Hace unos días un hecho muy parecido se dio con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aunque el caso se aclaró finalmente tras un reparto de culpas y explicaciones.
Este es un momento clave para el futuro de la credibilidad del gobierno de López Obrador respecto a su combate a la corrupción. Uno de sus principales colaboradores involucrado en una serie de maromas en cuanto a propiedades, donaciones y cesión de acciones.
Hartos del saqueo y raterías de la clase política, los mexicanos decidimos mediante nuestro voto que las cosas debían cambiar en este país, pero en serio, no solo quitar a unos rufianes para colocar a otros.
Por ello la obligación moral del actual gobierno es extraordinaria, porque la lucha contra ese cáncer que es la corrupción fue el eje central sobre el que giraron sus campañas en todos los niveles. Y lo sigue siendo ahora que ya son gobierno.
Deben tener cuidado. Acciones como las del titular de la SCT son mínimamente sospechosas. Parece que eso es actuar de manera falsa e hipócrita, engañando con absoluto cinismo a los ciudadanos que pretendemos creer en nuestras instituciones y en los hombres y mujeres que las representan.
Ni la pertenencia a un gobierno que dice privilegiar la lucha contra la corrupción, ni la militancia en un nuevo partido comprometido con la honestidad, son garantía de nada si no se apuntalan con hechos libres de cualquier indicio de ilegalidad.
La decencia en el comportamiento como servidor público o como empresario, no es cuestión de ideologías o colores partidistas. Es condición humana. Sinvergüenzas hay en todas partes. Los podrá medio disfrazar, pero la militancia no purifica a ladrones ni la ideología blinda contra los bandidos.
