Culiacán, Sinaloa, 19 de abril 2021. En México, el espionaje a los ciudadanos está por todas partes. Delincuentes, bancos, telefónicas, órganos electoreros y autoridades, cuentan hasta con las huellas digitales, datos de ubicación y desde luego números telefónicos que luego aparecen en manos de extorsionadores ¿De dónde los sacan? La respuesta es obvia.
Ahora con el llamado registro de datos biométricos en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM) que según dicen es para “fines de identificación de la población” únicamente se formalizaría lo que ya se hace desde hace mucho.
Tal registro “requiere del mayor cuidado posible, ya que podría representar riesgos para la protección de los datos personales”, advirtió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Cuidado que no existe y que difícilmente se tendrá.
UN CONGRESO INÚTIL
El inefable Senado ya aprobó la minuta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, otorgando atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) “para la instalación, operación, regulación y mantenimiento del PNUTM, con la finalidad de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad pública y justicia, ante la comisión de delitos cometidos por usuarios de la telefonía móvil”.
De esa manera, el Congreso, inútil en la práctica para proteger los derechos ciudadanos, “concluyó el proceso de creación de la ley que obliga a los ciudadanos a entregar a su compañía telefónica sus datos biométricos”.
Antes del Senado, en diciembre del año anterior, la infumable Cámara de Diputados ya lo había propuesto con la misma cantaleta de que se trata de evitar fraudes, secuestros y extorsiones, delitos que se les facilitan a los delincuentes porque cuentan con los datos personales que obtienen de las entidades que los recaban.
Como bien dicen los usuarios ¿para qué necesitan más datos si el espionaje ya está instalado con la venia del supremo gobierno?
UNA PROPUESTA DEL CONSERVADURISMO
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, desde luego respaldó la creación del tal Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) y dice, como si desconociera por completo la realidad nacional, que “no pretende ser un acto de espionaje sino de seguridad de los mexicanos, para evitar casos de extorsión, secuestro o ser víctimas de algún otro delito”.
Que se trata de “tener un registro para cuidar a la población, es un asunto de seguridad”, dice el presidente.
No sabe AMLO, o pretende no saber, que es de las instancias oficiales y de los negocios que recaban esos datos, donde la delincuencia se nutre. Ahora, les darán más.
Por lo demás, se trata de una propuesta que tiene su origen, en el 2009, “en el conservadurismo”, impulsada por el ex presidente Calderón.
EN EL TINTERO
-Los ingresos por comisiones que obtuvieron las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) en 2020 por “custodiar” los recursos pensionarios de los trabajadores mexicanos ascendieron a 37 mil 756 millones de pesos.
-Esa cantidad, según estadísticas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), es 8 por ciento superior en términos nominales respecto de 34 mil 953 millones de pesos que obtuvieron en 2019. Lucrativo y ofensivo negocio con los recursos de los trabajadores. ¿Y el gobierno? Bien, gracias.
-En curso la escalada beligerante entre Estados Unidos y Rusia, con otros esperando el toque de clarín. Puede ser que se arreglen, todo es posible en el mundo del capital. Pero quizás sí, quizás no. ([email protected]).
