Dicen que ser autoridad no es fácil. Que hay que tomar decisiones impopulares, asumir responsabilidades incómodas y, sobre todo, poner el interés público por encima de cualquier ocurrencia. Pero parece que al alcalde de Angostura, Alberto Rivera Camacho, le gana el buen corazón… o el mal juicio.
En plena Semana Santa —cuando las carreteras de Sinaloa se convierten en escenarios frecuentes de tragedias—, el presidente municipal lanza una sugerencia que no solo sorprende, sino que indigna: no detener a los conductores en estado de ebriedad. Mejor, dice, que los lleven a su casa. Como si estuviera organizando un convivio familiar, no una estrategia de seguridad vial.
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Lo que propone el alcalde Rivera Camacho no es una política pública, es un acto de omisión con consecuencias potencialmente mortales.
Porque cuando un conductor toma el volante bajo los efectos del alcohol, no solo pone en riesgo su vida, sino la de cualquiera que se cruce en su camino: familias enteras que salen de paseo, motociclistas, ciclistas, peatones.
La tolerancia en este caso no es empatía: es irresponsabilidad.
¿Hasta dónde debe llegar la “consideración” con el ciudadano?
¿Es válido que un policía municipal se convierta en chofer de borrachos en lugar de aplicar la ley?
¿Quién se hará responsable cuando esa permisividad termine en una cruz en la carretera?
La autoridad no está para apapachar infractores, sino para proteger a la mayoría.
Y proteger a la mayoría implica a veces tomar decisiones incómodas, como detener, sancionar, quitarle las llaves o evitar que una persona, en evidente estado de ebriedad, convierta su auto en un proyectil.
Claro, es más fácil dar órdenes “populares” que enfrentar reclamos o asumir el desgaste de aplicar el reglamento.
Pero gobernar no es agradar. Gobernar es prevenir, corregir, salvar vidas. Aunque eso signifique incomodar.
Mientras tanto, en Angostura, la ley parece tener excepciones… si vienes oliendo a cerveza.
Y así, mientras la autoridad de Angostura ordena “No me los detengan, mejor llévenlos a su casa”, los ciudadanos nos preguntamos: ¿Quién cuida a los que sí respetan la ley?
