La imagen duele. Una niña, con la cabeza rapada, mal alimentada, obligada a pedir dinero en las calles.
Tiene apenas nueve años. Fue localizada deambulando sola por el centro de Los Mochis, con signos visibles de descuido: la piel maltratada por el sol, el cuerpo delgado y una mirada que no corresponde a su edad.
Según las autoridades, es su propia familia quien la obliga a pedir dinero, simulando que tiene cáncer para provocar compasión.
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Gracias a la intervención de la Unidad de Equidad de Género de la Secretaría de Seguridad Pública de Ahome, la menor fue resguardada y puesta bajo protección del DIF.
La Fiscalía general del Estado investiga ya un posible caso de trata de personas, lo cual eleva este hecho de la categoría de “abandono” a delito grave.
Lo más alarmante es que no es la primera vez. Activistas como Érika Acosta han denunciado que esta menor ya había sido rescatada antes y devuelta a su familia. El sistema, una vez más, falló en protegerla.
¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo que esto es solo un “asunto del DIF”?
¿Hasta cuándo vamos a aceptar como normal que niños sean explotados por sus propios padres en plena vía pública?
Lo que ocurre aquí no es pobreza; es violencia disfrazada de necesidad. Es omisión, indiferencia y una permisividad social que termina convirtiéndose en complicidad.
Nos conmueve ver la escena, pero ¿qué pasa al día siguiente? ¿Nos olvidamos?
El gobierno tiene una responsabilidad legal, pero la sociedad tiene una responsabilidad moral.
No podemos seguir cruzando la calle y no ver lo que ocurre. No podemos seguir justificando el maltrato infantil creyendo que “es su forma de vivir”.
Proteger a una niña como ella no es caridad. Es justicia. Es humanidad.
Y si no somos capaces de hacerlo, entonces la que está verdaderamente enferma es la conciencia colectiva.
