Este domingo, Culiacán recibió a las figuras más poderosas del gabinete de seguridad federal: el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, junto a los titulares de la Defensa y de la Marina. Vinieron a evaluar los resultados de los operativos contra el crimen organizado, en medio de una crisis prolongada de violencia que ha dejado más de 1,500 personas asesinadas en los últimos 10 meses, sin contar a los desaparecidos.
Llegaron con cifras, estrategias, mapas y reportes. Pero quienes vivimos aquí, quienes trabajamos, estudiamos, criamos hijos o acompañamos a nuestros padres a consulta médica, no traemos mapas ni cifras. Traemos miedo. Y también cansancio.
Porque esta espiral de violencia —que algunos describen como un conflicto armado de baja intensidad— no parece tener final. Y mientras los grupos se disputan el control del territorio, la mayoría de nosotros solo quiere algo muy simple: que paren.
Que podamos vivir sin mirar el reloj al caer la tarde, sin pensar dos veces antes de mandar a nuestros hijos a practicar deporte, sin que los empresarios se vean obligados a decidir entre seguir produciendo o cerrar por miedo.
En esta confrontación, las balas no solo matan a los que están en la línea de fuego. También matan a gente inocente y matan la confianza.
Los sectores productivos están presionados, incluso acosados. La economía local resiste, pero se resiente. Y lo social —lo invisible, lo que no se puede cuantificar tan fácilmente— se deteriora cada día: niños y adolescentes que normalizan la violencia, comunidades que se aíslan, jóvenes que optan por el silencio o por el riesgo.
¿Qué queremos los sinaloenses?
Queremos condiciones mínimas de seguridad para trabajar, convivir, formar a nuestros hijos. Queremos no vivir en medio del fuego cruzado. Queremos que esta violencia —que no pedimos, que no lideramos, que no combatimos— termine.
Sabemos que no es sencillo. Que el gobierno tiene el deber de perseguir a los violentos, de recuperar la paz por la vía de la legalidad.
Pero no podemos evitar preguntarnos: ¿a qué le apuestan las autoridades? ¿Cuál es el plan? ¿Se trata de aniquilar a todos los grupos armados? ¿Cuánto tiempo llevará eso? ¿A qué costo humano y social?
¿Se ha pensado en alternativas? ¿Se ha contemplado, aunque sea como hipótesis, un acuerdo de cese a la violencia? No hablamos de impunidad, sino de mecanismos reales para frenar la confrontación, para evitar que más vidas se pierdan.
¿Hay espacio para la imaginación política, para la reconstrucción social, para soluciones que no sean exclusivamente militares?
La visita del gabinete de seguridad federal ya ocurrió. Los diagnósticos se dijeron. Las cifras fueron compartidas. Ahora toca volver a la realidad cotidiana de los sinaloenses.
Y en esa realidad, hay una mayoría silenciosa que pide lo más básico: paz.
