En política, hay batallas que se ganan ignorándolas. El abogado de Ovidio Guzmán lanzó acusaciones sin pruebas, señalamientos estridentes y especulaciones que difícilmente sostendría ante un juez.
Nada nuevo en un proceso penal que se desarrolla en territorio estadounidense, con reglas propias y en un entorno hostil para el acusado. Pero lo que sorprende —y preocupa— es que el gobierno de México haya entrado al juego.
La presidenta Claudia Sheinbaum tenía todo que perder y nada que ganar respondiendo a un personaje que no representa más que a su cliente. Y aun así, decidió entrar en la polémica.
¿Nadie previó que este tema se volvería viral justo durante una gira presidencial por Sinaloa?
¿No era evidente que la defensa de Ovidio aprovecharía el contexto político para sembrar sospechas y victimizar a su cliente?
El juicio de Ovidio debería concentrarse en los cargos y las pruebas. En cambio, su abogado optó por convertir el proceso en una vitrina mediática. Todo sin mostrar un solo documento, una llamada, una evidencia mínima. Y aun así, el gobierno mexicano mordió el anzuelo.
El problema no es solo de comunicación. Es estratégico. Cuando el poder responde a una provocación sin sustento, le da forma y validez. Amplifica una narrativa que no debería ni rozar la institucionalidad.
El abogado de Ovidio no tiene nada que perder; el gobierno de México, sí: su autoridad, su narrativa y su agenda.
México no puede darse el lujo de añadir tensiones innecesarias a una relación bilateral que ya enfrenta amenazas como la arremetida arancelaria de Donald Trump.
Claudia Sheinbaum ha mostrado mesura en temas delicados. Su fortaleza, hasta ahora, ha sido la prudencia institucional. ¿Por qué no actuar igual en este caso? En tiempos de redes sociales, el silencio puede ser más poderoso que la réplica.
No se trata solo de no responder al ruido. Se trata de tener claro cuándo, cómo y para qué se responde.
Por lo pronto, el abogado de Ovidio ya ganó lo que buscaba: minutos de atención, titulares y la ilusión de estar a la altura de un gobierno. Pero no lo está. Y eso la presidenta de México debería saberlo.