Este lunes en México fue declarada la emergencia sanitaria nacional debido al COVID-19. Las autoridades federales insisten en que nuestro país ha entrado en la etapa de rápido crecimiento de los contagios y es ahora o nunca que los mexicanos deben acatar las recomendaciones de confinamiento o distanciamiento social, y evitar que nos pase lo que a otros países del mundo.
Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido insistente en que no se usará la fuerza pública para “obligar” a los ciudadanos a que se queden en sus casas, sino que apela a la responsabilidad y prudencia individual. El problema es que en prácticamente todo el país seguimos observando que todavía hay muchos y muchas que no se toman en serio esta emergencia.
Basta voltear a ver la “fiesta” que se llevó a cabo el pasado domingo en el templete de la presa Sanalona, o los cientos de paseantes que se observaron en las playas de Guasave, ignorando por completo las recomendaciones de las autoridades. Y las Policías Municipales aclaran que no se les ha autorizado usar la fuerza pública para ahuyentar a los “desobedientes”.
Sin duda, lo ideal es no tener que llegar al extremo de la fuerza pública, ni al toque de queda, estado excepción, o a las multas en contra de quienes salgan a la calle sin necesidad alguna. No obstante, la realidad nos dice que sí será necesario aplicar medidas más rígidas, aunque quizá no tan extremas, para hacer entender a gran parte de la población que esta situación no es un juego ni algo menor. Por desgracia, hay muchos que parecen no entender lo grave del asunto…
Unos que esperemos pronto refuercen sus medidas de prevención, son los integrantes del Cabildo de Guasave, quienes este lunes tuvieron una sesión en la que estuvieron invitados todos, menos la ya muy famosa “Susana Distancia”.
Los regidores estaban sentados uno a lado de otro, muy cerca, sin respetar el distanciamiento social, y en un principio varios se mostraron reacios y minimizaron el riesgo ante la actual contingencia. Por azares del destino, eso sí, un estornudo de uno de los asistentes les recordó que actualmente todos estamos expuestos.
De inmediato, varios de los ediles sacaron sus cubrebocas y pidieron para la próxima elegir una sede alterna al salón de Cabildo, que es muy pequeña, y quizá pasarla al auditorio María del Rosario, donde podrían sesionar con la distancia reglamentaria. Todavía no está claro si en estos días de contingencia habrá una nueva sesión, pero en caso de que la haya, ojalá haya mejores medidas. Que son los funcionarios los primeros que deben poner el ejemplo…
Ante esta contingencia, poco o nada ayudan las posturas de algunos políticos. Es el caso del diputado local Apolinar García Carrera, quien en sus redes sociales publicó un mensaje en donde dio a entender que el COVID-19 era una suerte de “castigo” para aquellos países que han permitido el matrimonio gay.
“#ESPAÑA retó a DIOS al deconstruir la familia, la lengua, robarse la palabra matrimonio, imponer leyes excrementales, ¡Y YA VEN!”, fueron las palabras de Don Apolinar, quien no se conformó con compartirlo en su perfil de Facebook sino también en otras páginas, incluso de compra-venta de distintos productos. Obviamente, la comunidad LGBT respondió de inmediato y condenó los dichos del legislador.
El Colectivo Sinaloense de Activistas LGBT+ presentó este lunes una queja formal ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), bajo el argumento de que promueve un discurso de odio en contra de un grupo vulnerable. En efecto, Don Apolinar resbaló gravemente, y en esta contingencia sus palabras restan, en vez de sumar. ¿A poco no? Ya veremos si el diputado asoma la cabeza después de esto…
¿Se viene un nuevo conflicto entre el ayuntamiento de Mazatlán y la familia Toledo, dueña de los Venados? Resulta que el alcalde Luis Guillermo Benítez ya dejó ver que el área jurídica municipal trabaja para rescindir el contrato de concesión del estadio “Teodoro Mariscal” debido a que los Toledo no cumplen con lo establecido en el convenio, además de que se negaron a acceder a una disposición nacional para poder entregar en el recinto los apoyos federales para adultos mayores.
Entre otras cosas que, de acuerdo con el alcalde, no se han cumplido a cabalidad, se encuentran: utilizar las instalaciones del estadio Teodoro Mariscal para eventos propios del Ayuntamiento; donación al municipio de 2 mil boletos por juego de la temporada regular para personas de escasos recursos y adultos mayores, y mantenimiento a los campos deportivos del municipio de Mazatlán por parte de la empresa Espectáculos Costa del Pacífico.
Así que la administración del “Químico” no bromea cuando habla de que va por la rescisión de esta concesión que se aprobó por 25 años. ¿Veremos nuevamente jaloneos como los de noviembre del 2018, cuando al Teodoro Mariscal hasta le pusieron sellos de clausura? Habrá que verlo. Así se las gastan. O peor… Comentarios: [email protected]
