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Con el regreso a las “clases presenciales” y las inscripciones escolares, la mayoría de las familias que tienen hijos que acuden a las escuelas públicas, por las dinámicas que prevalecen para el pago de cuotas escolares (que en teoría son voluntarias) se endeudan o sacrifican la canasta básica para poder cubrirlas.
Es un hecho que hay escuelas donde no admiten a los menores porque los padres no pagan al inicio del ciclo escolar y otros adeudan el anterior, y si finalmente los admiten la deuda permanece y los problemas aparejados en el entorno escolar y familiar.
En las circunstancias actuales, no es exagerado decir que en muchas familias del nivel más pobre, el dilema es: escuela o comida.
MÁS PROBLEMAS: PROTESTAS, INCUMPLIMIENTOS Y BAJO NIVEL
Agréguense los problemas que en estos días todavía se presentan por las ausencias pandémicas (basta que alguien diga que “se contagió” para parar grupos y hasta centros escolares, por no hablar del ámbito burocrático).
Agréguese el estado lamentable de los planteles por los robos sufridos, sumando las protestas de maestros, algunas legítimas, otras inducidas por el charrismo sindical en el SNTE.
Muchos argumentan, con razón, que les adeudan prestaciones y quincenas; se amenaza con paros y suspensiones, mientras la indisposición al trabajo, en esas condiciones, de un personal magisterial que debe presentar siempre una imagen positiva y amable frente alumnado y familiares, se agudiza.
Aparte, está el problema de los bajos niveles académicos tanto del alumnado como del profesorado en no pocos casos, la precaria infraestructura en muchísimos planteles y otros factores más que impactan al rendimiento escolar.
¿QUE NO HAY REMEDIO?
Sobre las cuotas “voluntarias”, varios maestros con los que hemos hablado reconocen que atentan contra la gratuidad de la enseñanza consagrada en la Constitución, pero “es un mal necesario”, aunque “hay excesos”, reconocen.
“Sin cuotas, la mayoría de las escuelas simplemente no podrían funcionar”, aseguran, porque “no se proporcionan los recursos que se necesitan para que los planteles operen y esa es la realidad”, concluyen.
Ante esa realidad, hay visos de cambios sustantivos en el gobierno de Sinaloa que encabeza Rubén Rocha Moya. Esperemos que se concreten y se pueda paliar, al menos, la compleja problemática.
LAS RECETAS (RETÓRICAS) DE SLIM
Al participar, Carlos Slim Helú, en el foro “Perspectiva de un líder empresarial: ¿Cuáles son las opciones para el futuro de México? en la denominada “Cumbre de Negocios 2017”, enlistó cinco objetivos centrales que, dijo, debieran operar como políticas públicas “de cualquier gobierno”.
Esos objetivos enunciados por Slim fueron: “Estado de derecho y seguridad pública; Desarrollo con justicia, crecimiento económico y empleo; Formación y desarrollo de capital humano y social; Desarrollo de capital físico y volver las reformas de la administración pública más eficaces, transparentes y al servicio de los ciudadanos”.
De hacerse, en unos pocos años se verían resultados, aseguró, pero ¿cómo alcanzar esos objetivos en un sistema que se basa en la desigualdad, la inequidad en la distribución del ingreso nacional y la acumulación capitalista en una franja más que reducida de potentados, como el propio Slim?
De eso, nada aclaró.
EN EL TINTERO
-Las bombas contra la verdad (no solo en la información de la guerra Rusia-Ucrania, claramente manipulada por Estados Unidos, socios y paleros incluso del “Tercer Mundo”) hace tiempo que han caído. Y siguen cayendo sin remedio con la complicidad de un sector social cada vez mayor.
-Prácticamente en todo México los retenes de militares, policías y delincuentes (ya no se sabe) son una verdadera calamidad para la ciudadanía común. Aparte de que nada resuelven, gendarmes de todos colores y denominaciones detienen sin motivo a quien les da la gana.
-La Constitución establece que eso es un delito y no hay reglamento que esté sobre ella. Les vale ¿y las flamantes CDH?
-Entre Culiacán y Nogales, cinco o seis retenes, de distintas corporaciones y, a la entrada norte de Sinaloa, una inspección “fiscal”, cuya pertinencia (y legalidad) el gobierno estatal debe revisar. ([email protected]).
