Apunte
Como escribe Carlos Fernández Vega (en “La Jornada”: 01/07/21) “Suceda lo que suceda –pandemias, terremotos, inundaciones, etcétera– la banca privada que opera en México de todas, gana todas, y en los primeros cinco meses del presente año acumuló utilidades netas (limpias de polvo y paja) por 65 mil millones de pesos, casi 27 por ciento más que en igual periodo de 2020, un jugoso pastel de ganancias cuyas rebanadas más gruesas se quedan en dos trasnacionales financieras (BBVA y Citibanamex)”.
En tanto, los mexicanos seguimos pagando el llamado “rescate bancario” (Fobaproa-Ipab, desde el gobierno de Ernesto Zedillo) una deuda “superior a 500 mil millones de dólares”, limpiando además “todo tipo de adeudos de los mismos propietarios de la banca reprivatizada”.
Las “ganancias” acumuladas, de la banca privada que opera en México, cuya legitimidad es más que discutible, “de diciembre de 2000 al cierre de mayo de 2021”, “sumaron un billón 681 mil 204 millones de pesos, y esos dineros se reparten entre los accionistas de las instituciones participantes”.
A eso nos hemos referido en varias ocasiones en este espacio, destacando la urgencia de que el gobierno ponga correctivos al leonino privilegio con que operan los bancos en México, cobrando por lo que no deben, inventando comisiones y un largo etcétera.
No se ha hecho y, en nuestra opinión, ya no hay justificación alguna para esa pasividad que huele a complicidad.
¿LA LEY? ¿QUÉ ES ESO?
El pasado 28 de junio, escribimos que si algo no se aplica en este país, estado y municipio, es la ley, a secas. Cierto que, de manera selectiva, de pronto se cobran facturas o se tapan huecos, se simula un resultado o se inventan responsables de algo. Pero la aplicación de la ley, en estricto, no se da.
Agregamos que “los ministerios públicos son reductos de la simulación ‘legal’, igual que los juzgados y, en suma, todas las instancias de eso que se denomina “aparato de justicia”. Lo sabe todo mundo y con mayor razón quien haya tenido la desgracia de tener que transitar por esas cuevas.
Esa, escribimos, es una cuestión que debiera abordarse, desde la esfera gubernamental, con sensibilidad y la clara intención de arreglar las cosas. La realidad es incontestable.
YA SE DIERON CUENTA
Pues bien, hace unos días, el miércoles que pasó, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó sin cortapisas que en los tribunales de México persiste la corrupción “y quien afirme lo contrario miente descaradamente”.
Participaba Zaldívar en la ceremonia por los 50 años del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México, y aprovechó para reconocer lo que todo mundo sabe en este país. Pero es bueno que lo haya hecho.
El magistrado se pronunció por fortalecer en el país “una política de cero tolerancia hacia esa práctica” y agregó: “tenemos que ser firmes y generar sanciones ejemplares para que la corrupción poco a poco sea una cuestión del pasado”.
TAMBIÉN AMLO
Por su parte, el presidente López Obrador también expresó, al día siguiente, que “la corrupción en los juzgados es una realidad evidente y lamentable”, avalando las declaraciones de Zaldívar.
Reconoce AMLO una realidad y plantea una reforma para afrontar el grave problema.
Plena coincidencia con el reclamo que decenios ha hemos venido formulando, al igual que otros analistas. Ojalá y lo dicho por Zaldívar y AMLO, por tratarse de quienes se trata, se tome en serio y se den los correctivos, ojalá.
EN EL TINTERO
-Ya suman cerca de 90 los muertos y permanecen 80 desaparecidos en el edificio que se derrumbó en Miami. En el “primer mundo” que debiera aprender algo de humildad cuando se refiere a las tragedias en países como el nuestro.
-Igual que antes, cerca de la primera mitad del mandato de AMLO, el futurismo se ha desatado.
-Que la Ceaip de Sinaloa invita a niños a ser comisionados, obviamente infantiles. ¿No los podrán dejar ahí a ellos, de una vez?
-Este escribiente tiene años publicando, en este medio, y también en algunos de los llamados “nacionales” (de la CDMX, pues) que sin solución alguna (todos se hacen de la vista gorda) continúa la violación a la Constitución por parte del gobierno en los llamados “retenes”, mismos que propician la criminalidad en lugar de combatirla efectivamente. Al respecto, sólo la desvergüenza oficial. ([email protected]).
