Ciudad de México. – La organización Artículo 19 ha expresado su firme rechazo al despido presuntamente injustificado de Gustavo Macalpin Ceniceros, periodista y conductor del programa Ciudadano 2.0, tras ser cesado públicamente por Luis Arnoldo Cabada Alvidres, director de Canal 66 en Mexicali, Baja California.
Este despido que ocurrió al aire el lunes 7 de octubre plantea serias dudas sobre el respeto a la libertad de expresión y los derechos laborales en los medios de comunicación de México.
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Un despido en vivo, sin explicación clara
El incidente se produjo durante la transmisión en vivo del programa Ciudadano 2.0. A pocos minutos de concluir la emisión, el director del canal, Luis Arnoldo Cabada, apareció frente a cámaras para agradecer a Macalpin por casi siete años de trabajo, pero anunciando que era su último día en el canal. El periodista, sorprendido, se despidió del público, dejando sin aclarar los motivos detrás de su despido.
En una entrevista posterior con ARTICLE 19, Macalpin declaró que, más allá de lo comunicado al aire, no recibió ninguna explicación formal ni ha tenido contacto posterior con los directivos de Canal 66.
Cabada Alvidres, por su parte, explicó públicamente que la decisión fue de índole financiera, y no resultado de presiones políticas o editoriales. Sin embargo, la forma abrupta en que se llevó a cabo el despido y la falta de información transparente genera preocupaciones sobre la verdadera razón detrás de este cese.
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Impactos en la libertad de expresión y la prensa
ARTICLE 19 alerta sobre las graves repercusiones que este tipo de despidos pueden tener en la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información independiente y objetiva. Los despidos abruptos de periodistas o el cierre de espacios mediáticos vulneran el ejercicio periodístico y pueden generar efectos nocivos en la salud emocional y económica de los comunicadores.
En este caso, persisten dudas sobre si el despido de Macalpin podría estar relacionado con presiones por parte de autoridades locales o estatales, dado que el medio de comunicación recibe publicidad oficial tanto del gobierno municipal de Mexicali como del gobierno estatal de Baja California. Macalpin mencionó a ARTICLE 19 que mantuvo una postura crítica hacia ambos gobiernos, lo que provocó fricciones con la dirección del canal. Asimismo, destacó que enfrentó intentos de imponer una línea editorial específica en su programa.
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La publicidad oficial como herramienta de control editorial
La publicidad oficial se ha convertido en un mecanismo de presión indirecta sobre los medios de comunicación en México. ARTICLE 19 ha advertido en repetidas ocasiones sobre la necesidad de regular la Ley General de Comunicación Social para garantizar criterios transparentes y objetivos en la asignación de estos recursos. La falta de claridad en la distribución de la publicidad oficial perpetúa un sistema opaco, que puede ser utilizado para condicionar la línea editorial de los medios, afectando gravemente el derecho de la ciudadanía a recibir información imparcial.
El uso de la publicidad oficial como un medio de censura indirecta contraviene el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe las restricciones a la libertad de expresión por vías indirectas, como la manipulación de la asignación de recursos.
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Precariedad laboral en el periodismo mexicano
Otro aspecto crítico señalado por ARTICLE 19 es la precariedad laboral que enfrentan los periodistas en México. La mayoría de los profesionales de la prensa no cuentan con contratos formales que les ofrezcan seguridad laboral. Según una encuesta realizada a 674 periodistas, solo el 29 % tiene algún tipo de contrato laboral, lo que permite que los medios vulneren los derechos de los periodistas en cuanto a remuneraciones, despidos y otras prestaciones.
Esta situación se agrava con el hecho de que casi la mitad de los periodistas en México ganan menos de 10,000 pesos mensuales. Los despidos abruptos, como el de Gustavo Macalpin, generan un impacto psicosocial en los periodistas, quienes además de la presión inherente a su trabajo, deben enfrentar la inseguridad laboral.
ARTICLE 19 hace un llamado a las autoridades y a medios
Ante estos hechos, ARTICLE 19 exige que las autoridades locales y estatales de Baja California, así como el gobierno municipal de Mexicali, garanticen un entorno seguro para el ejercicio periodístico, en el que se respete la independencia de los medios y no se utilice la publicidad oficial como un mecanismo de control. Asimismo, urge a los medios de comunicación a respetar los derechos laborales y a no vulnerar la libertad de expresión de sus periodistas.
Por último, la organización pide a Canal 66 ofrecer una explicación clara y exhaustiva a la audiencia sobre las razones del despido de Gustavo Macalpin, y que se garantice la independencia editorial en todos sus programas.
Este caso subraya la importancia de proteger el ejercicio periodístico en México, donde los periodistas continúan enfrentando riesgos que comprometen su labor informativa y la calidad del debate público en la sociedad.
